El proceso que investiga adjudicaciones de mascarillas durante la crisis de marzo de 2026 se sentará en el Tribunal Supremo el 7 de abril; la causa comenzó a hacerse pública en febrero de 2026 tras una operación de la Guardia Civil
El 7 de abril el Tribunal Supremo abrirá la vista oral de un procedimiento que nace en los meses más críticos de la pandemia. Sobre el banquillo irán el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, acusados de integrar una presunta red dedicada a obtener adjudicaciones de material sanitario mediante comisiones.
La Fiscalía Anticorrupción reclama duras penas: 24 años para Ábalos, 19 años y medio para García e investigación y siete años para Aldama. El proceso incluirá la declaración de más de 70 testigos y alrededor de una veintena de peritos, y pretende esclarecer cómo funcionaron las compras de mascarillas durante la emergencia.
Origen y contexto de las adjudicaciones
Para situar el caso hace falta volver a marzo de 2026, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma por la pandemia. En aquellos días la demanda mundial de equipos de protección superó la oferta y las administraciones tuvieron que recurrir masivamente a contratos de emergencia, un mecanismo legal que permite adquisiciones sin concurso público en situaciones excepcionales.
Ese procedimiento acelerado posibilitó compras en cuestión de días, pero también redujo controles habituales y facilitó la intervención de intermediarios. Según la investigación, empresas que actuaban como puente entre fabricantes extranjeros y administraciones aprovecharon esa situación para acceder a adjudicaciones que ahora están siendo revisadas por la justicia.
Los protagonistas y la hipótesis de la acusación
En el centro del sumario figura Koldo García, asesor personal del ministro de Transportes entre 2018 y 2026. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyen a García un papel de intermediación: utilizar su posición para abrir contactos entre empresarios y responsables públicos y así favorecer determinadas operaciones.
El papel de José Luis Ábalos
La causa debe determinar si José Luis Ábalos participó o conoció las acciones de su asesor. Durante la pandemia, el Ministerio de Transportes dependía de organismos como ADIF y Renfe, ambos implicados en compras de material para sus empleados. La investigación examina teléfonos, documentación empresarial e informes policiales para establecer vínculos y responsabilidades.
Ábalos ha rechazado categóricamente cualquier implicación y sostiene que desconocía las maniobras atribuidas a García. No obstante, la Fiscalía plantea que contactos políticos y administrativos se emplearon para facilitar adjudicaciones a determinadas empresas.
El rol de Víctor de Aldama y otros empresarios
El empresario Víctor de Aldama es señalado como uno de los intermediarios principales. La acusación le atribuye participación en la obtención de contratos públicos y en la gestión de operaciones comerciales de venta de mascarillas. Aldama ha reconocido algunos hechos en la instrucción y ha solicitado una reducción de penas, convirtiendo su testimonio en un elemento relevante para reconstruir la operativa de la trama.
Empresas interpuestas y flujo de pagos
Entre las sociedades que aparecen en la investigación se menciona Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, adjudicataria de contratos millonarios para suministrar mascarillas a distintas administraciones. Los peritajes analizan si en esos contratos hubo comisiones irregulares o sobrecostes derivados de la intermediación.
Los investigadores rastrean la trazabilidad de los pagos para verificar si parte de los fondos se desviaron a contraprestaciones por facilitar adjudicaciones. Se han detectado variaciones de precio en operaciones contemporáneas que motivaron preguntas sobre la relación entre intermediarios y proveedores extranjeros.
Operación de febrero de 2026
Aunque los hechos se remontan a 2026, el caso se hizo público tras una operación policial realizada en febrero de 2026, que incluyó detenciones y registros. La investigación, iniciada en la Audiencia Nacional y parcialmente elevada al Supremo por tratarse de aforados, desveló una red de empresas con conexiones en ámbitos políticos y administrativos.
Impacto político y calendario del juicio
El caso, desde su estallido mediático, ha alimentado el debate político. La oposición lo ha empleado para cuestionar la gestión de compras durante la pandemia y exigir aclaraciones sobre la contratación urgente. El juicio convocará a numerosas figuras que deberán declarar, aunque el tribunal rechazó citar como testigo al presidente del Gobierno en funciones en el momento de la instrucción.
La vista que comienza el 7 de abril será, según los análisis, una de las más relevantes derivadas de la pandemia en España. Con numerosas pruebas documentales y testimonios, el proceso buscará esclarecer si existió una trama organizada que se aprovechó de la emergencia sanitaria para obtener beneficios mediante comisiones.
