Sumar empuja para que el primer paquete de medidas incluya la prórroga de contratos y limitaciones a los beneficios extraordinarios; el PSOE opta por cautela y por medidas con amplio apoyo parlamentario
La disputa sobre vivienda ha vuelto a colocar a los socios del Ejecutivo en un escenario de fricción a pocos días de la aprobación del primer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Irán.
El grupo minoritario Sumar reclama con insistencia que el escudo social incorpore la prórroga de alquileres en el momento del vencimiento del contrato, una intervención que busca proteger a familias frente a subidas repentinas.
En el otro lado, el PSOE mantiene reservas y propone articular medidas más consensuadas y progresivas.
Las discrepancias han trascendido al ámbito parlamentario y se han percibido en espacios institucionales como el Senado, donde el clima entre ministros y ministras mostró tensión tras un Consejo de Ministros marcado por posturas enfrentadas.
Qué pide Sumar y cómo lo argumenta
Sumar plantea que la prórroga de contratos y una moratoria de desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad deben figurar en el decreto inicial. Para sus representantes, entre ellos la portavoz en el Congreso y dirigentes como Mónica García y Pablo Bunstinduy, estas medidas evitarían aumentos de hasta un 50% en casos concretos y protegerían a cientos de miles de contratos. Además, reclaman que cualquier medida fiscal vaya acompañada de mecanismos de control para evitar que las grandes empresas obtengan beneficios extraordinarios a costa de las personas trabajadoras.
Definición de propuestas clave
La formación describe la prórroga de alquileres como un mecanismo que impide la actualización de la renta en el momento de renovación del contrato, buscando estabilidad para inquilinos y trabajadoras. De forma paralela, la moratoria de desahucios propuesta estaría dirigida a familias sin alternativa habitacional, aunque Sumar acepta discutir límites y exclusiones para encajar la iniciativa en acuerdos parlamentarios.
La respuesta del PSOE y las razones de la prudencia
El PSOE se muestra reticente a incluir la prórroga en la primera tanda de medidas. Desde Moncloa y el Ministerio de Economía se expone que la prioridad ahora es acordar medidas con amplio consenso y que respondan con precisión al impacto económico del conflicto en Irán. Fuentes oficiales subrayan que la coyuntura actual difiere de la vivida tras la guerra en Ucrania: la inflación ha descendido desde picos cercanos al 10,8% hasta registros próximos al 2,3%, y por ello apuestan por acciones calibradas.
Argumentos técnicos y marco legal
En lo técnico, el Ejecutivo recuerda que la Ley por el Derecho a la Vivienda introdujo el IRAV (Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda), que desde 2026 condiciona la actualización de rentas, limitando subidas por debajo del IPC. Además, se alude a la experiencia previa entre 2026 y 2026, cuando medidas de control de precios se aplicaron en distintos momentos, y a la necesidad de evitar decisiones que puedan interpretarse como inconstitucionales sin el respaldo necesario.
Escenario parlamentario y puntos de fricción
La negociación transcurre con la amenaza latente de que partidos externos al Gobierno, como Junts, puedan condicionar el contenido del decreto. Desde Sumar reprochan que se priorice el acuerdo con formaciones ajenas a la coalición por encima de sus socios. En paralelo, los sociales defienden que el paquete será el primero de varios y que hay margen para incorporar propuestas en fases posteriores.
Acuerdos y exclusiones posibles
En cuanto a la moratoria de desahucios, la línea pactada con el PNV ya limita su alcance: propietarios con una o dos viviendas podrían quedar fuera de la suspensión. Sumar, pese al escepticismo, confía en lograr medidas antidesahucios muy restringidas para colectivos especialmente vulnerables, mientras que el PSOE insiste en la prudencia para garantizar que las medidas resistan el debate parlamentario.
En resumen, el pulso entre Sumar y el PSOE gira en torno a cómo equilibrar protección social y viabilidad jurídica y económica en un decreto que, según el Gobierno, será diseñado con expertos y sectores afectados. Las conversaciones avanzan contra reloj, con la promesa de que este será solo el primer paso de un conjunto mayor de medidas orientadas a mitigar impactos sociales derivados del conflicto internacional.
