Un informe interno de Tragsa describe anomalías en el control horario y en el proceso de selección de la expareja de Ábalos, atribuyendo parte de la responsabilidad a la presión de ADIF
Los correos y comunicaciones internas del Grupo Tragsa han revelado una cadena de hechos que, según el propio informe, muestran irregularidades en la contratación de Jesica Rodríguez, antigua pareja del exministro José Luis Ábalos. En un intercambio fechado el 21 de abril de 2026 se registra una llamada dirigida a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en la que se traslada la queja de que «se le estaba obligando a Jessica a hacer muchas cosas».
Ese episodio aparece como uno más dentro de una secuencia en la que los controles administrativos y disciplinarios no funcionaron con la necesaria diligencia.
El informe de la Unidad de Cumplimiento del grupo subraya la existencia de múltiples fallos: anomalías en los registros de presencia, decisiones contractuales cuestionables y una supervisión que, según los documentos, fue relajada tras indicaciones provenientes del cliente.
Entre las comunicaciones figura una instrucción en mayo de 2026 que ordenaba detener a una persona encargada de supervisar los fichajes: «hay un tal SB molestando a JR, que lo paren». La documentación también sitúa a Ignacio Zaldívar como interlocutor clave entre ADIF y Tragsa, lo que complica la separación entre cliente y proveedor.
Hallazgos principales del informe interno
La revisión interna identificó «deficiencias significativas» en cada fase del proceso relacionado con la incorporación de Rodríguez. Se detectó control discrecional en la propuesta de candidatos, ausencia de la entrevista técnica obligatoria y carencias en la vigilancia del desempeño. Además, se plantea la posibilidad de una novación contractual —es decir, la modificación del contrato original— que generó dudas sobre un posible «fraude de ley» al intentar alterar condiciones que la modalidad contractual no permitía. Estos elementos, según el informe, conectan la relajación de controles con la influencia externa ejercida por el cliente.
El proceso de selección y las propuestas desde ADIF
Uno de los puntos más llamativos es que todos los candidatos a la plaza procedían de INECO y habían sido propuestos por Ignacio Zaldívar. En concreto, la incorporación de Jésica a Tragsatec se produjo justo tras finalizar su contrato en INECO, y no consta que se realizara la entrevista técnica exigida por Recursos Humanos. Estas circunstancias alimentan la hipótesis de que el procedimiento pudo estar dirigido y que los controles habituales no se aplicaron con rigor, lo que el informe califica de falta de transparencia en la selección.
Control horario y órdenes de no intervención
Los sistemas internos detectaron reiteradas ausencias de fichajes por parte de Rodríguez. Supervisores como Virginia Barbancho registraron mensajes reclamando explicaciones —uno fechado el 24 de marzo de 2026 contiene la reclamación directa sobre la falta de guardado de fichajes—, pero según la documentación recibieron indicaciones para no insistir en el control. El informe reproduce una anécdota en la que Zaldívar restó importancia al asunto: «se ha reído y no le da ninguna importancia», lo que refleja una actitud de desdramatización que, a ojos del cumplimiento, contribuyó a que no se adoptaran medidas correctoras.
Mensajes y llamadas clave
Además de los correos, existen llamadas que vinculan directamente la queja con la cúpula de ADIF. En la cadena de mensajes aparece la nota de que se trasladó a la presidenta de ADIF la queja sobre las exigencias en el fichaje de Rodríguez. La presencia de instrucciones verbales y por escrito para dejar de controlar a la trabajadora —y el mencionado mandato de detener a quien supervisaba los fichajes— sugiere una intervención del cliente en la gestión operativa, lo que el informe interpreta como un factor que debilitó los controles internos.
Repercusiones legales y recomendaciones
El documento de Tragsa ha sido incorporado al expediente que se tramita en el Tribunal Supremo dentro del denominado caso Koldo. En esa causa se investiga, entre otras cuestiones, la posible malversación de fondos públicos vinculada a la contratación. Las piezas del expediente incluyen además declaraciones ante el magistrado: según fuentes, Rodríguez llegó a admitir ante el juez que no acudió a trabajar, y la investigación interna concluye que faltaron medidas disciplinarias eficaces a tiempo, además de que existió una presión externa que contribuyó a la relajación de la supervisión.
La conclusión del informe es clara: es necesario reforzar los mecanismos de control, garantizar la independencia en la gestión de recursos humanos frente a la influencia del cliente y salvaguardar la trazabilidad de las decisiones contractuales. Para la Unidad de Cumplimiento, la combinación de presión externa y fallos en los procedimientos internos creó un entorno propicio para irregularidades que ahora se analizan en sede judicial.
