El Ejecutivo pretende bajar impuestos energéticos y reforzar ayudas a hogares vulnerables, mientras socios y rivales presionan por la inclusión de vivienda y límites a márgenes empresariales
El Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete destinado a mitigar el impacto económico de la escalada de precios en la energía y los carburantes. Tras consultas en Bruselas y contactos con grupos parlamentarios, el Gobierno busca fórmulas para contener el alza en facturas que ya se nota en algunos consumidores y sectores.
En este contexto, la negociación interna ha ocupado el protagonismo: el acuerdo debe equilibrar medidas fiscales, ayudas sociales y el respaldo suficiente en el Congreso.
La reunión ministerial sufrió un retraso por las reclamaciones de Sumar, que exigió incluir la congelación de alquileres y controles a los márgenes empresariales; el PSOE optó por cautela para evitar que el texto sea rechazado por otros socios como Junts.
Mientras tanto, la oposición intensifica las críticas: el PP asegura que el Gobierno ha adoptado propuestas que previamente promovió la derecha, y en el interior de Vox las disputas entre dirección y disidentes alimentan la incertidumbre política.
Medidas fiscales y sociales del paquete
Entre las iniciativas avanzadas figura la reducción del IVA aplicado a la electricidad, el gas y los carburantes del 21% al 10%, además de una rebaja del impuesto especial de la electricidad hasta el 5% y ajustes en el impuesto sobre la producción eléctrica. El plan también contempla aliviar la carga fiscal sobre los hidrocarburos mediante una reducción del impuesto especial de hidrocarburos (las referencias vigentes sitúan actualmente los tipos en torno a 0,379 euros por litro para el gasóleo y 0,47269 euros por litro para la gasolina). Junto a estos recortes, se propone prohibir cortes de suministro a hogares vulnerables y ampliar los descuentos del Bono Social Eléctrico, así como incrementar el apoyo del Bono Social Térmico para quienes dependen del gas para calefacción.
Objetivos sectoriales y límites operativos
El Ejecutivo pretende focalizar ayudas en sectores especialmente expuestos a la subida de costes, como transporte, agricultura, pesca e industria electrointensiva, en lugar de replicar descuentos generalizados en carburantes como los aplicados en 2026. La medida busca además introducir un escudo industrial que alivie costes a la gran industria sin desatar nuevas tensiones inflacionistas. En paralelo, el paquete incluye medidas estructurales para fomentar el autoconsumo y la movilidad eléctrica, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Las decisiones técnicas y su alcance han sido calibradas también en función de lo que ofrece margen la Comisión Europea.
Fricciones políticas y reacciones públicas
La negociación política ha sido tan relevante como el contenido técnico. Desde la bancada del PP, la portavoz Ester Muñoz acusó al Gobierno de apropiarse de propuestas ajenas y anunció actos de réplica; el secretario general del partido, Miguel Tellado, tiene previsto comparecer públicamente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó al presidente por no presentar unos presupuestos y lanzó una crítica orientada a la gestión del Ejecutivo en el contexto internacional. Por su parte, en Vox las tensiones internas han escalado: el secretario del grupo parlamentario, José María Figaredo, atribuyó a influencias externas vinculadas a Génova contactos con disidentes, mientras exdirigentes como Iván Espinosa de los Monteros siguen cuestionando la dirección del partido.
Estrategia en la coalición y escenario parlamentario
En el seno del Gobierno, la opción de dividir el paquete en dos decretos se baraja como salida posible: uno con medidas con mayor consenso, y otro con las propuestas más controvertidas, como la prórroga de alquileres reclamadas por Sumar. El PSOE teme que añadir determinadas demandas provoque el rechazo de formaciones como Junts en el Congreso, lo que dejaría al Ejecutivo sin el respaldo necesario. Ya ha habido precedentes similares en los que retrasos y negociaciones a última hora obligaron a largos intercambios entre ministros y socios; la apuesta ahora es conseguir un texto que pase la prueba parlamentaria y calme la inquietud ciudadana.
En definitiva, el Gobierno maniobra para conjugar alivios inmediatos en facturas energéticas y apoyos sociales con la necesidad de mantener la estabilidad de la coalición y asegurar la aprobación del decreto en la Cámara. El resultado final dependerá de los equilibrios internos y de la capacidad de los equipos negociadores para tallar una propuesta que reúna suficiente respaldo: una mezcla de medidas fiscales puntuales, refuerzos del escudo social y apuestas de largo plazo por la electrificación y el autoconsumo que buscan, a la vez, contener la inflación y no sacrificar cohesión política.
