Gobierno a punto de lograr la convalidación del real decreto-ley anticrisis gracias a acuerdos con varios grupos, mientras quedan asuntos pendientes sobre vivienda y compensaciones territoriales
El Ejecutivo se aproxima a la votación en la Cámara baja con la vista puesta en la convalidación del paquete anticrisis, que será sometido al pleno el jueves 26 de marzo. Tras intensas conversaciones, las principales fuerzas que sostienen o apoyan al Gobierno han ido definiendo su postura: PSOE y Sumar mantienen el respaldo conjunto al texto principal, Podemos ha optado por la abstención y Junts ha anunciado su voto favorable.
Quedan, sin embargo, formaciones pequeñas por decidirse y una negociación abierta con Coalición Canaria sobre medidas específicas para el archipiélago.
El paquete que el Consejo de Ministros sacó adelante agrupa 80 medidas y moviliza 5.000 millones para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre precios y suministros.
Entre los ejes principales figuran la rebaja del IVA del 21% al 10% en electricidad, combustible y gas, la suspensión temporal de impuestos a la generación eléctrica y la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos. También incorpora ayudas directas para transportistas y el sector agropecuario, refuerzos del bono social eléctrico y térmico, incentivos a la instalación de energías renovables y medidas de supervisión para la CNMC.
La aritmética parlamentaria y su importancia
En términos numéricos, la convalidación no necesita mayoría absoluta sino una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Con los 121 diputados del PSOE y los 26 de Sumar ya suman una base sólida; a estos se añaden por ahora el apoyo de ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y PNV (5), lo que eleva el total a 172 votos favorables. El papel de partidos como BNG, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto y el escaño de Coalición Canaria puede resultar decisivo para blindar el resultado frente a eventuales rechazos.
Abstenciones, vetos y el papel del PP
Las abstenciones, en este contexto, actúan como factor de estabilización del trámite: Podemos se ha colocado en ese grupo con cuatro diputados, lo que reduce la necesidad de recurrir al voto contrario de la oposición mayoritaria. Vox está confirmado en el ‘no’ y la posición del PP sigue abierta públicamente; aunque el PP decidiera finalmente votar en contra con sus 137 escaños, la convalidación podría salir adelante si se mantienen las adhesiones ya anunciadas, porque la norma exige mayoría simple.
Contenido y tensiones internas sobre vivienda y fiscalidad
El Gobierno dividió las iniciativas en dos reales decretos tras las negociaciones con Sumar, lo que permitió incorporar controles de márgenes empresariales y una batería fiscal en un texto y dejar en otro la cuestión de la vivienda. Sumar reclamó inicialmente que la prórroga automática de los alquileres formara parte del decreto principal, petición que finalmente no se incluyó en ese paquete para facilitar un acuerdo más amplio. Esa decisión fue clave para lograr el respaldo de algunos aliados pero dejó al descubierto críticas de partidos y sindicatos sobre la insuficiencia de las medidas en materia habitacional.
Reacciones sociales y demandas de refuerzo
Sindicatos como la UGT y colectivos de transportistas han valorado la rapidez de la respuesta, pero han calificado el contenido como insuficiente para afrontar la magnitud del encarecimiento de la energía y los combustibles. Por su parte, el BNG ha pedido medidas fiscales adicionales y cambios estructurales; el PP también ha solicitado mayores rebajas o la deflactación del IRPF como alternativa que considera más directa y eficaz para los hogares con menos renta.
Próximos pasos y riesgo político
La votación del jueves 26 de marzo marcará el desenlace inmediato: si la Cámara convalida el real decreto-ley, las medidas entrarán en vigor con carácter indefinido dentro del marco que marque el propio texto y las disposiciones posteriores; si no obtiene luz verde, el decreto decaerá. El Ejecutivo trabaja además en fórmulas compensatorias para territorios con costes estructurales distintos, como las Islas, y en afianzar la narrativa política que justifique la respuesta ante una crisis externa. En las horas previas al pleno seguirán las conversaciones para cerrar last minute apoyos y ajustar demandas concretas.
