El pacto entre PSOE y Junts incluye incorporar la trasposición de la directiva a una reforma tributaria para facilitar la exención del IVA a autónomos con facturación menor a 85.000 euros
La Cámara Baja vivió una jornada de acuerdos parciales que afectan a la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia. El PSOE comunicó su respaldo a la petición de Junts para aplicar una directiva europea que permite eximir del IVA a autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.
Esta decisión se enmarca en la necesidad de asegurar el voto favorable a la convalidación del decreto anticrisis presentado por el Ejecutivo, y abre la puerta a incorporar la trasposición normativa en un proyecto de reforma tributaria que ya estaba en trámite parlamentario.
Detrás del acuerdo hay compromisos técnicos y políticos que explican la urgencia. El Ejecutivo aprobó una ley en el Consejo de Ministros de junio de 2026 y ahora estudia reactivar su tramitación para incluir, mediante enmienda, la trasposición de la directiva. Además, la Comisión Europea ha intensificado la presión: Bruselas ha llevado el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de adaptación de la norma comunitaria, lo que convierte la cuestión en un asunto con consecuencias jurídicas y prácticas para el día a día de muchos profesionales.
Qué recoge la norma y cómo se aplicaría
La medida que se propone transponer deriva de la directiva 2026/285 y establece la posibilidad de crear un régimen de exención del IVA para pequeños empresarios. En términos prácticos, la directiva permite —pero no obliga— a que los Estados adopten un régimen de exención por debajo de un umbral máximo fijado por la UE, en este caso 85.000 euros. La aplicación sería voluntaria para quienes cumplan los requisitos: los autónomos interesados podrían optar por no repercutir ni declarar el IVA en sus facturas, favoreciendo menos trámites y menos tensiones de tesorería cuando los cobros se retrasan.
Impacto económico y estimaciones
Las cifras sobre el posible efecto presupuestario aparecen en el debate público. Algunas estimaciones sitúan la pérdida inicial de recaudación entre 3.000 y 5.000 millones de euros, aunque otros expertos relativizan ese impacto y apuntan que la simplificación podría aflorar actividad que hoy queda fuera del sistema. Informes del sector sugieren que entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos podrían beneficiarse si España aplicase el régimen completo, lo que tendría un efecto directo sobre la carga administrativa y la liquidez de muchos negocios.
Aspectos técnicos que condicionan el resultado
El alcance final depende de decisiones concretas: elegir un umbral inferior al máximo, hacer el régimen voluntario u obligatorio, o limitarlo a sectores concretos marca diferencias sustanciales en la pérdida de ingresos y en la equidad del sistema. Además, la Comisión Europea reclama la trasposición para garantizar la interoperabilidad transfronteriza: sin los ajustes legales adecuados, un autónomo español no podría acogerse a la exención al operar en otros Estados miembros. Ese reparo técnico fue una de las razones por las que Bruselas abrió expediente y elevó el conflicto al TJUE.
El pulso político y los votos decisivos
En la órbita política, la decisión de apoyar la trasposición se liga a la negociación para convalidar el decreto anticrisis, diseñado para mitigar los efectos económicos derivados del conflicto internacional que motiva las medidas. La abstención anunciada por Podemos obligó al Ejecutivo a negociar con Junts y mantener distancia de la alternativa de depender del voto del PP. Finalmente, la formación independentista condicionó su respaldo a que el Gobierno se comprometiera a tramitar la adaptación de la directiva mediante la reforma tributaria en Comisión de Hacienda, algo que los socialistas han aceptado.
Pasos siguientes
Si el compromiso se materializa, la transposición se incluiría en el proyecto de reforma que lleva meses bloqueado en la Comisión de Hacienda y la convalidación del decreto saldría adelante con mayoría. No obstante, quedan por definir los detalles técnicos y legislativos, y el Ejecutivo deberá equilibrar la respuesta a Bruselas con la necesidad de preservar recursos fiscales. El conflicto con la Comisión añade presión: la falta de trasposición hasta la fecha —con el plazo vencido el 1 de enero de 2026 según la normativa— podría derivar en sanciones si el TJUE falla a favor de la Comisión, por lo que la opción adoptada combina imperativos legales y cálculos políticos.
