PSOE intenta pasar la responsabilidad de negociar el real decreto de vivienda a Sumar para evitar el coste político de una posible derrota parlamentaria
La aprobación en Consejo de Ministros de un decreto sobre vivienda impulsado por Sumar ha destapado una crisis interna en el Ejecutivo. Tras el gesto de protesta del socio minoritario en una reunión que se demoró, la administración dio luz verde al texto, pero ahora el PSOE busca marcar distancia y evitar que la negociación y sus consecuencias políticas recaigan sobre él.
El Gabinete cuenta con 29 días hábiles para intentar lograr la convalidación en el Congreso, plazo en el que se librará una partida política que promete ser intensa.
En Ferraz la lectura es clara: si el impulso fue de Sumar, que asuma también el coste de pelear por su mantenimiento en la Cámara.
Fuentes socialistas subrayan que la gestión debe correr a cargo de quien promovió la iniciativa y recuerdan que negociar será más difícil por el rechazo explícito anunciado por formaciones como Junts. Esta decisión busca desligar al PSOE del posible desgaste, aunque se deja abierta la opción de capitalizar políticamente el éxito si finalmente la norma sobrevive al trámite parlamentario.
La posición del PSOE y su cálculo político
Desde la dirección socialista se incide en que la responsabilidad política y técnica de negociar corresponde a Sumar, y se insiste en que el PSOE no asumirá voluntariamente un fracaso que consideran probable. El argumento central es práctico: evitar tener que rendir cuentas por un resultado negativo en el Congreso que podría afectar la narrativa electoral. A su vez, en el seno del partido hay cierto resquemor por la tensión interna generada durante la ronda de negociaciones previas, en la que el socio minoritario llevó el pulso más lejos que en ocasiones anteriores.
La respuesta de Sumar y la estrategia para sostener el decreto
En el espacio de Sumar niegan que exista una negociación desvinculada: subrayan que «el Gobierno negocia como Gobierno» y defienden que serán ellos quienes lideren las conversaciones sobre la prórroga de contratos de alquiler. La propuesta incluye la renovación automática de contratos próximos a finalizar y un tope en las actualizaciones ligadas al IPC —máximo del 2% según la redacción conocida—, medidas que los impulsores consideran fundamentales para frenar la presión sobre los ingresos de los hogares.
Movilización y presión externa
Ante la previsión de un rechazo parlamentario de fuerzas como Junts y la oposición frontal del PP, voces de Sumar preparan una estrategia que combina negociación y presión social. En sus filas se baraja promover movilizaciones ciudadanas para convertir las calles en un elemento de peso durante el mes en que el decreto estará en vigor. Este movimiento pretende forzar un dilema para los diputados: votar en favor de la medida que protege a inquilinos o alinearse con intereses de mercado y fondos que, según los críticos, se benefician de la falta de regulación.
Obstáculos parlamentarios y escenarios posibles
El principal escollo es la falta de una mayoría clara. Junts ya anunció su intención de votar en contra si el texto se presenta tal y como salió del Consejo, y el PP ha mostrado receptividad hacia algunas medidas alternativas, como rebajas fiscales en combustibles que no forman parte del paquete de vivienda. En este contexto, el Gobierno puede intentar ampliar apoyos entre fuerzas regionales o acomodar el texto para resultar más aceptable, o bien apostar por agotar el margen de 30 días que otorga la vigencia temporal del decreto para que sus efectos lleguen a la población.
Posibles desenlaces
Las opciones van desde la convalidación en el Congreso, que supondría una victoria política y social para Sumar y alivio para millones de inquilinos con contratos próximos a vencer, hasta el rechazo parlamentario que devolvería la norma al limbo legislativo aunque con un impacto temporal durante su vigencia inicial. En cualquier caso, la pugna interna y la forma en que se gestione la negociación condicionarán la percepción ciudadana de la coalición.
En resumen, la pugna entre PSOE y Sumar alrededor del decreto de vivienda refleja un choque de prioridades y tácticas dentro del Gobierno. Con la cuenta atrás en marcha y la oposición preparada para votar en bloque, la política de vivienda se perfila como un campo de batalla determinante en la agenda pública y electoral, donde la capacidad de negociación y la presión social pueden decidir el destino de una iniciativa diseñada para aliviar la crisis habitacional.
