La Fiscalía Europea llama a declarar a Begoña Gómez como testigo en una investigación que afecta contratos adjudicados a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés y que incluyen informes de la IGAE y la UCO
La Fiscalía Europea ha citado a Begoña Gómez a declarar en calidad de testigo dentro de una investigación que afecta a contratos adjudicados por Red.es y que están relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés. Los hechos objeto de indagación han sido denunciados por posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, y la investigación se centra en expedientes financiados con fondos del Fondo Social Europeo.
La defensa de Gómez ha hecho pública la citación a través del letrado Antonio Camacho, que la incorpora en un recurso frente al auto del juez Juan Carlos Peinado.
En paralelo a esta convocatoria comunitaria, la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sigue su curso y mantiene a Gómez imputada por varios delitos, entre ellos, la acusación de corrupción en los negocios.
Fuentes jurídicas consultadas confirman la citación por parte de la Fiscalía Europea, aunque no han precisado la fecha concreta en la que la esposa del presidente declarará ante los fiscales comunitarios.
Por qué intervino la Fiscalía Europea y qué contratos examina
La competencia de la Fiscalía Europea se activó porque algunos de los concursos en cuestión contaban con financiación del Fondo Social Europeo, lo que implica que cualquier conducta que atente contra los intereses financieros de la Unión puede ser asumida por la fiscalía comunitaria. Entre los expedientes analizados figuran, según las actuaciones conocidas, dos licitaciones gestionadas por Red.es: el proyecto de «Formación empleo juvenil para la economía digital», en el que la UTE Innova Next–Escuela de Negocios The Valley obtuvo dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido), y el contrato de «Servicio de formación para personas desempleadas», en el que se adjudicó un lote por 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.
Informes técnicos y posicionamientos
En el examen técnico de los expedientes han intervenido la Intervención General del Estado (IGAE) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un informe de la IGAE —remitido a la causa y del que se tuvo noticia en septiembre de 2026— subraya que la consideración de cartas de apoyo o acuerdos futuros como criterio de puntuación en la valoración de ofertas fue una decisión que excedió la discrecionalidad permitida y que pudo adulterar la valoración técnica, favoreciendo a licitadores concretos, entre ellos la UTE vinculada a Barrabés. Por su parte, la UCO indicó en 2026 que, a partir de la documentación disponible en el juzgado, los procedimientos de contratación parecían haberse desarrollado en términos generales conforme a los principios de la contratación pública.
Vínculos entre las partes y la posición de los investigados
El nexo entre la persona citada y el empresario reside en una cátedra universitaria: Barrabés fue director del máster de la cátedra que codirigía con Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El juez Peinado plantea la hipótesis de que cartas de apoyo firmadas por Gómez podrían haber influido en la adjudicación de contratos. La investigación que la Fiscalía Europea inició en mayo de 2026 ya ha llevado a que sean citados como investigados tanto Barrabés como un directivo de Red.es, y solo Barrabés declaró hasta ahora ante los fiscales comunitarios.
Defensas y recursos
Las defensas han reaccionado con recursos. El abogado de Gómez subraya que su clienta comparecerá ante la Fiscalía Europea como testigo y no como investigada en la vía comunitaria, y utiliza esa circunstancia para separar la investigación europea del procedimiento que se instruye en Madrid. A su vez, Barrabés ha presentado recurso contra la decisión del juez de trasladar la causa a un jurado popular y sostiene que su relación con la cátedra se ha interpretado de forma forzada; reconoce haber impartido clases en otro máster dirigido por la encausada, algo que, alega, hicieron otros docentes y no constituye irregularidad por sí misma.
Estado procesal y posibles siguientes pasos
La citación de Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea aporta una nueva pieza al rompecabezas judicial: si bien su declaración será en calidad de testigo, la existencia de informes periciales de la IGAE que apuntan a fallos en la ponderación de criterios y la discrepancia con la UCO mantienen la causa en un plano complejo. Las defensas han recurrido diversas resoluciones del juez Peinado, incluida la decisión de que el caso pueda llegar a un jurado popular; además, la propia inclusión de expedientes remitidos a la Fiscalía Europea en autos del juzgado ha sido cuestionada por las partes como documentos ajenos a la instrucción local. Los próximos movimientos procesales dependerán de las declaraciones ante la fiscalía comunitaria y de las resoluciones sobre los recursos presentados.
