El magistrado José Luis Castro acuerda la libertad condicional de Pablo Crespo tras más de doce años en prisión, imponiendo obligaciones y un seguimiento hasta la extinción de la pena
La Audiencia Nacional ha autorizado la salida en libertad condicional de Pablo Crespo, considerado durante años el número dos de la trama Gürtel. El auto, firmado por el magistrado José Luis Castro, avala la medida tras comprobar que Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de la pena fijada y acumula más de 12 años de cumplimiento efectivo en prisión.
La Fiscalía no ha presentado oposición a la resolución, que contempla la aplicación de un régimen de obligaciones hasta la extinción de la pena.
La decisión no se ejecutará de forma inmediata: el auto debe quedar firme para que la libertad condicional se haga efectiva.
Mientras tanto, se mantienen otras medidas como la clasificación en tercer grado, el uso de pulsera telemática en los últimos años y el seguimiento por los servicios sociales del centro donde venía desarrollando su régimen de semilibertad.
Motivos legales y evaluaciones
En el razonamiento judicial se han tomado en cuenta elementos objetivos y subjetivos. El juez valora la antigüedad de los hechos —vinculados a investigaciones iniciadas en 2009—, el tiempo de cumplimiento efectivo y un informe de la junta de tratamiento que estima un pronóstico favorable de reinserción. Además, se subraya el escaso riesgo de reincidencia y la normalidad en la conducta penitenciaria, incluyendo el aprovechamiento del régimen abierto para desarrollar actividad laboral fuera del centro.
Factores personales y reparaciones
La resolución también recoge que Crespo ha demostrado disposición a reparar el daño: está afrontando la responsabilidad civil impuesta mediante embargos y aportaciones periódicas, entre ellas pagos mensuales de 100 euros, según compromisos firmados. El auto pone en valor asimismo el apoyo familiar como elemento que refuerza la probabilidad de una reinserción estable.
Condiciones de la libertad condicional
La puesta en libertad condicional viene supeditada al cumplimiento de una serie de obligaciones que permanecerán vigentes hasta la extinción de la pena, prevista para el 12 de diciembre de 2031. Entre las exigencias figuran fijar un domicilio y comunicar cualquier cambio al juzgado, solicitar autorización previa para desplazamientos y permanecer bajo el seguimiento de los servicios sociales del Centro de Inserción Social donde se encontrara en semilibertad.
Régimen laboral y comunicacion de incidencias
El auto obliga a continuar con la actividad laboral y a aportar trimestralmente la documentación que acredite esa ocupación. Igualmente, existe la obligación de seguir satisfaciendo la deuda civil y de notificar de forma inmediata a los servicios penitenciarios cualquier actuación procesal nueva en su contra —detención, imputación, acusación o condena— durante el periodo de libertad condicional.
Trayectoria y antecedentes penales
Originario de Pontevedra, Pablo Crespo Sabarís fue secretario de Organización del Partido Popular en Galicia y diputado por Pontevedra a finales de los años noventa. Su implicación en la trama Gürtel le ha acarreado múltiples condenas por delitos relacionados con adjudicaciones, cohecho y blanqueo de capitales. La sentencia de 2018 le impuso inicialmente 37 años y seis meses de prisión en la pieza central del caso, reducidos por el Tribunal Supremo en 2026 a 36 años y ocho meses.
Límites legales y programas penitenciarios
A pesar de la acumulación de penas que superan los 70 años en distintas piezas, la legislación penal española establece un tope efectivo de cumplimiento, fijado en su caso en 18 años. Durante su estancia en prisión Crespo participó en el Programa de Intervención en Delitos Económicos (Pideco), diseñado para condenados por corrupción y que incluye, según el auto, actividades destinadas a la comprensión del daño causado a las víctimas.
Contexto y consecuencias
La salida en libertad condicional de Crespo se produce en un contexto en el que otros protagonistas de la trama han visto variar su situación penitenciaria: la puesta en libertad de algunos miembros y la semilibertad con control telemático de otros han reducido la lista de internos activos relacionados con el caso. Para las autoridades, esta resolución integra criterios de política penitenciaria, reparación y evaluación individualizada del riesgo, mientras que en el ámbito político y mediático el asunto volverá a abrir debate sobre la respuesta del sistema judicial frente a grandes tramas de corrupción.
