La intervención policial en Usera que derivó en la detención de Serigne Mbaye ha desatado acusaciones de perfilamiento racial y una investigación sobre la proporcionalidad de las actuaciones
La noche del 26/03/2026 se produjo en Madrid un enfrentamiento que ha generado debate público y político: la detención del exdiputado de Podemos y responsable de Antirracismo del partido, Serigne Mbaye, en el distrito de Usera. Según distintos relatos, la intervención arrancó tras una llamada ciudadana que alertó de personas merodeando vehículos en un aparcamiento de la calle Antonio López y acabó con siete detenidos y cinco agentes con heridas leves.
La versión policial y la del entorno de Mbaye difieren de forma notable, lo que ha impulsado la apertura de diligencias y la movilización de partidos y colectivos.
Las imágenes y testimonios difundidos en redes han contribuido a que el caso trascienda la anécdota local: desde Podemos se habla de una redada racista en las inmediaciones del domicilio del activista, mientras que la Policía Nacional defiende que actuó ante la negativa de identificación y una posterior resistencia.
La situación quedó documentada en un atestado que ya obra en los registros y fue motivo de preguntas parlamentarias por parte de Sumar, que exige aclaraciones sobre posibles prácticas de perfilamiento racial.
Qué ocurrió según la Policía
La versión oficial apunta a que, sobre las 19:30 horas del 26/03/2026, agentes desplazados tras un aviso localizaron a dos personas que supuestamente intentaban acceder a vehículos aparcados. Al pedir la identificación, uno de los implicados huyó a pie y buscó refugio en un portal cercano, situación que provocó la concentración de varias personas en la calle. La intervención se escaló hasta requerir refuerzos del GAC y la UPR, explican fuentes policiales, y se saldó con siete arrestos por presuntos delitos de resistencia a la autoridad y atentado, además de cinco agentes atendidos por heridas leves.
Argumentos de los sindicatos policiales
Diversos sindicatos, como el SUP, Jupol y la CEP, han rechazado que la actuación tuviera un componente racial y han defendido que la actuación fue legal y proporcionada. Estas organizaciones subrayan que los agentes actuaron en base a una descripción facilitada por ciudadanos y sostienen que la persecución empezó por la huida de un sospechoso al ser requerido. Los sindicatos han pedido prudencia para no prejuzgar los hechos y han remitido a que cualquier irregularidad sea aclarada por los tribunales.
La versión de Mbaye y la respuesta política
Desde su entorno y desde Podemos, incluido su secretario de organización y la secretaria general, se denuncia que la detención es un ejemplo más de persecución por el color de piel. Mbaye, que ha ocupado cargos de representación y ha sido portavoz del Sindicato de Manteros, aseguró en declaraciones públicas que su detención responde a un hostigamiento prolongado y que él no se resistió de forma violenta. Podemos ha convocado concentraciones y la formación ha tildado la operación de redada racista, reclamando la inmediata liberación y un proceso que garantice la protección de derechos fundamentales.
Preguntas en el Congreso y presión institucional
El grupo parlamentario Sumar registró preguntas al Gobierno para que explique los criterios que motivaron la actuación policial y si se aplicaron prácticas de perfilamiento racial. La Delegación del Gobierno en Madrid, por su parte, trasladó el atestado a la autoridad judicial y prometió revisar la proporcionalidad de las actuaciones para preservar derechos y deberes en el Estado de Derecho. La polémica ha puesto sobre la mesa la tensión entre la seguridad ciudadana y la protección contra discriminación.
Impacto local y líneas abiertas de investigación
En el ámbito local, el suceso ha desatado reacciones diversas: vecinos que grabaron partes del operativo, la liberación por la madrugada de algunos detenidos y la identificación entre los arrestados de un periodista local, según informaciones. Las autoridades han confirmado que la investigación continúa y que cualquier actuación fuera de la ley deberá ser determinada por los tribunales. Mientras tanto, colectivos antirracistas y partidos mantienen la presión mediática y política para que se esclarezcan tanto la secuencia de hechos como la adecuación del uso de la fuerza.
Escenarios futuros
El caso podría derivar en actuaciones judiciales, inspecciones internas policiales o preguntas parlamentarias adicionales que examinen la posible existencia de prácticas discriminatorias. El debate público, alimentado por vídeos y declaraciones, plantea preguntas sobre protocolos de identificación, la gestión de avisos ciudadanos y la relación entre cuerpos policiales y comunidades racializadas. En medio de estas disputas, la investigación judicial es la vía que deberá determinar responsabilidades y ofrecer una versión definitiva de lo ocurrido.
