El último balance del CGPJ refleja una paradoja: más resoluciones en 2026 y, sin embargo, un incremento de la pendencia judicial que sigue alargando los tiempos para los ciudadanos
El balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para 2026 muestra una realidad compleja: los órganos judiciales resolvieron alrededor de 7,4 millones de asuntos, lo que supone un aumento respecto al año anterior, pero al cierre del ejercicio la bolsa de casos en trámite superaba los 4,6 millones.
A pesar de una caída en la entrada de nuevos procedimientos del 3,2% —hasta unos 7,5 millones— la acumulación de expedientes no disminuye de forma homogénea entre las distintas ramas y territorios. Este contraste plantea dudas sobre la capacidad real de reducción del atasco judicial a corto plazo.
La distribución del trabajo muestra diferencias notables: mientras la jurisdicción civil concentra la mayor cantidad de pleitos con más de 2,6 millones en trámite —y registra un leve descenso de la pendencia del 0,6%— otras áreas incrementan su carga. La jurisdicción penal elevó la entrada de procedimientos un 1,4% y vio crecer los casos pendientes en casi un 12%, y la jurisdicción social anotó un aumento del 9,4%. En el plano territorial la tasa media de litigiosidad quedó en 153,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, con Canarias, Madrid y Asturias entre las más afectadas.
Panorama general del problema
Miembros de la carrera judicial y expertos coinciden en que la explicación no es única: parte del incremento se debe a procedimientos que se arrastran de años anteriores, lo que provoca que algunos juzgados actúen como cuellos de botella. El magistrado Fernando Portillo, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla y expresidente del Foro Judicial Independiente, señala que muchos expedientes quedan paralizados en fases intermedias y engrosan la bolsa acumulada. Esa dinámica repercute en la experiencia del usuario: más tiempo de espera, mayor incertidumbre y un acceso a la justicia más lento para personas y empresas.
Diferencias por jurisdicción
El mapa por especialidades revela tendencias contrapuestas. La jurisdicción civil conserva la mayor carga en términos absolutos aunque con una ligera mejora porcentual; en cambio, la jurisdicción penal y la jurisdicción social sufren incrementos relevantes tanto en entrada como en pendencia. Estas variaciones obligan a adaptar soluciones específicas: no es lo mismo afrontar un repunte de asuntos laborales que gestionar un incremento de procedimientos penales, porque cada área precisa recursos, formación y apoyos distintos —incluidos equipos de letrados, peritos y personal de refuerzo
Impacto territorial y tasas de litigiosidad
La presión también cambia según la comunidad autónoma. Canarias lidera la tasa de litigiosidad con 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida por Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160,04), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33). Estas cifras reflejan no solo la actividad jurisdiccional sino la necesidad de ajustar plantillas y medios en función de la demanda local: en territorios con mayor litigiosidad los juzgados precisan más personal de apoyo y soluciones organizativas para evitar que los expedientes se ‘arrastren’ durante años.
Causas y respuestas institucionales
Entre los factores que explican la acumulación figuran la insuficiente cobertura de puestos, la existencia de interinidades prolongadas y procedimientos que se estancan en los Tribunales de Instancia. Para intentar revertir la tendencia, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció una convocatoria con 200 plazas de fiscales y una macroconvocatoria que incluye 500 plazas para jueces, con la intención de reforzar la capacidad resolutiva. Expertos valoran estas iniciativas como positivas, pero enfatizan que su efecto es a medio y largo plazo: formar y situar al personal requiere tiempo, y la reducción inmediata del atasco no es automática.
Qué se puede esperar
Las recomendaciones que suelen repetirse apuntan a combinar medidas de plantilla con reformas organizativas: revisar protocolos de funcionamiento, potenciar la cobertura de interinidades, aumentar el personal de apoyo y optimizar procesos en los Tribunales de Instancia. Portillo destaca la importancia de convocatorias periódicas de plazas y del refuerzo administrativo como complemento imprescindible a las nuevas incorporaciones. A corto plazo, los ciudadanos seguirán experimentando demoras; a medio y largo plazo, una política sostenida de recursos y modernización podría reducir la pendencia y mejorar la respuesta del sistema.
