Peinado unifica piezas y plantea llevar a juicio con jurado presuntos delitos como tráfico de influencias y malversación; las defensas anuncian recursos y exhiben correos y actas
El instructor del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid citó a las partes para una vista en la que comunicará su plan de encauzar la causa hacia un tribunal del jurado. La comparecencia estaba prevista para las 12.00 horas de ese miércoles y sirve para formalizar una decisión que afecta a la investigación sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En el procedimiento se investigan cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de fondos públicos. El auto del magistrado intenta además subsanar críticas previas de la Audiencia Provincial, que en febrero rechazó un primer intento de enviar el caso al jurado por considerar insuficientes los argumentos aportados.
Qué llevó al instructor a cambiar la estrategia
Con un auto fechado el 20 de marzo, el juez busca justificar que existen indicios suficientes sobre los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado, en particular tráfico de influencias y malversación. Hasta ese momento, la investigación estaba dividida en dos piezas: una centrada en la creación y gestión de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid y otra sobre la posible asignación de tareas privadas a una asesora de Presidencia.
El instructor decidió unificar ambas líneas de investigación al entender que están conectadas. Según su relato procesal, la cátedra de Transformación Social Competitiva habría sido utilizada para obtener financiación y apoyo institucional y empresarial, y desde esa posición se habrían gestionado contrataciones y colaboraciones que excedieron el ámbito académico.
Pruebas y elementos apuntados por el juez
En el auto se detalla que la implicación de Gómez derivó en una interlocución directa con responsables universitarios, patrocinadores y proveedores tecnológicos. El magistrado atribuye a la investigada la capacidad de recabar «apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial» para la cátedra y apunta a una supuesta apropiación indebida del proyecto.
El papel de Cristina Álvarez
Peinado subraya que la figura de Cristina Álvarez no fue solo protocolaria: testigos la definieron como «interlocutora directa» y como parte del equipo del proyecto, lo que, a juicio del instructor, refuerza la tesis de que su actividad combinó funciones públicas y privadas. La acusación apunta también a que la financiación procedía de empresas que conocían la identidad de quien reclamaba las ayudas.
Las actuaciones de Juan Carlos Barrabés
Sobre Juan Carlos Barrabés, el auto sugiere cartas y comunicaciones que habrían servido para favorecer la adjudicación de concursos públicos. Barrabés, por su parte, niega una relación con la cátedra y aporta un correo remitido por Gómez en el que le solicita rellenar una hoja de datos para un máster, además de indicar que su participación docente fue puntual y remunerada.
Reacciones de las defensas y próximos pasos
Las tres defensas han recurrido la decisión de remitir la causa al jurado. El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, califica el auto como una «reiteración de conjeturas» y advierte del riesgo de un «juicio paralelo» mediático que podría afectar el derecho a un juez imparcial. La defensa de Álvarez critica la interpretación de las tareas privadas y matiza que dedicar «medio minuto al día» a actividades ajenas no constituye, a su juicio, malversación.
La defensa de Barrabés pide el archivo de la causa para él, alegando que su docencia limitada (dos clases por curso a una tarifa por hora) y su ausencia de participación en las actas de constitución de la cátedra desvirtúan cualquier imputación. No obstante, las actas que manejan los investigadores mencionan conversaciones con su grupo y posibles colaboraciones en febrero de 2026.
Escenarios y contexto público
La vista en el Juzgado número 41 se celebra en un clima de atención pública por la vinculación de los hechos con la esposa del presidente del Gobierno. A falta de 24 horas para la comparecencia se informó de que no se había solicitado un dispositivo de seguridad especial, por lo que se prevé la asistencia de las representaciones legales más que de los investigados en persona.
Si el juez mantiene su propuesta y la Audiencia la avala, el procedimiento podría pasar a enjuiciamiento ante un tribunal del jurado. En paralelo, los recursos de las defensas buscarán frenar esa vía procesal y cuestionar la valoración de los indicios que fundamentan la acusación.
