El PP propone reformar la ley de víctimas para multar los 'ongi etorris' con sanciones que van desde 200 hasta 150.000 euros y que serán debatidas en el Senado el 8 de abril
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado una iniciativa para modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo y añadir un marco específico destinado a prevenir y sancionar los actos públicos de homenaje a condenados por ETA. Según el texto que figura en el orden del día, el Pleno debatirá esta proposición el 8 de abril, fecha que el partido considera clave para cerrar un vacío legal que, a su juicio, permite ongi etorris y concentraciones similares con difusión pública que no alcanzan el umbral penal.
El objetivo declarado de la iniciativa es proteger la memoria y la dignidad de las víctimas mediante sanciones administrativas graduadas por la gravedad de cada conducta.
Qué incluye la propuesta
La reforma plantea añadir un nuevo título a la normativa vigente que tipifique y regule los llamados actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas.
En la práctica, eso supone clasificar las conductas en tres categorías: leves, graves y muy graves, con multas que parten de los 200 euros y alcanzan hasta 150.000 euros en los supuestos más extremos. El texto contiene además previsiones para que la Fiscalía pueda actuar de oficio ante este tipo de actos y para que se persiga tanto a los organizadores como a los participantes cuando concurran elementos de organización, reiteración o protagonismo institucional.
Tipos de infracción y sanción
En la propuesta las infracciones leves se relacionan con conductas aisladas o de escasa difusión y recibirían una multa entre 200 y 2.000 euros. Las graves abarcarían acciones organizadas o reiteradas con impacto relevante y se sancionarían entre 2.001 y 10.000 euros. Finalmente, las muy graves recogerían eventos masivos, en lugares oficiales o con participación de cargos públicos, y podrían ser sancionadas con cuantías que van desde 10.001 hasta 150.000 euros. El PP argumenta que esta graduación permitirá responder con proporcionalidad a distintos niveles de enaltecimiento sin necesidad de llegar siempre al proceso penal.
Argumentos públicos y respuesta política
La portavoz del PP en el Senado ha subrayado que estas medidas buscan reparar la dignidad de las víctimas y llenar un vacío que la legislación actual no cubre cuando los actos no alcanzan la tipificación penal. Desde la formación se acusa al Gobierno de no haber actuado con decisión frente a estos homenajes y se presenta la iniciativa como una garantía administrativa complementaria a la acción penal. El partido ha insistido en que las víctimas «no están solas» y que la propuesta será tramitada por la mayoría en la Cámara Alta para su debate y posible aprobación.
Críticas y matices en el debate
Fuera del PP han surgido reservas sobre la eficacia y la proporcionalidad de recurrir a sanciones administrativas para conductas con componentes simbólicos o reivindicativos. Algunos grupos recuerdan que la línea entre libertad de expresión y exaltación del terrorismo puede ser difícil de trazar y advierten del riesgo de que la norma se convierta en un instrumento de restricción de protestas. Además, las voces críticas piden criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizan la necesidad de compatibilizar la protección de las víctimas con derechos fundamentales como la libertad de reunión y la libertad de expresión.
Implicaciones y próximos pasos
La iniciativa pasará por el trámite parlamentario en el Senado y, si se admite y recibe el respaldo mayoritario, abrirá un periodo de enmiendas y debate legislativo que definirá su texto final. En la práctica, la entrada en vigor de estas medidas, en caso de aprobarse, obligaría a administraciones locales y fuerzas de seguridad a fijar criterios operativos y a diseñar procedimientos sancionadores para actos públicos de homenaje a etarras. Asimismo, la proposición plantea la intervención de la Fiscalía cuando existan indicios de enaltecimiento, lo que enlazaría la vía administrativa con la penal en determinadas circunstancias y generaría un nuevo marco de control y protección a las víctimas.
