El Supremo examina una trama de adjudicaciones y presuntas mordidas vinculada a compras de material sanitario; el proceso reúne testigos, peritos y documentos clave
El Tribunal Supremo afronta un procedimiento central sobre las compras de material sanitario en plena pandemia, con la vista oral programada en una treintena de sesiones que se prolongarán hasta el 30 de abril. El proceso pone en el banquillo a José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de integrar una presunta red destinada al cobro de comisiones y al reparto de favores vinculados a contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión.
La instrucción del caso ha citado a 74 testigos, además de peritos y agentes, para reconstruir tanto las decisiones administrativas como los movimientos financieros asociados.
En el centro del relato acusatorio aparecen pagos en metálico, nombramientos laborales y el alquiler de una vivienda de alto valor.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros una batería de delitos que incluye organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros, y solicita penas que suman décadas de prisión. Por su parte, la defensa y los acusados cuestionan la interpretación de los documentos aportados y defienden la ausencia de prueba directa sobre la recepción de sobornos por parte de los principales investigados.
Testigos y piezas clave del caso
El calendario diseñado por el tribunal distribuye comparecencias de distintos ámbitos: altos cargos del Ministerio de Transportes, responsables de Puertos del Estado y Adif, empresarios vinculados al entorno de Aldama y allegados personales de los acusados. Entre los llamados a declarar destacan figuras cuya declaración puede iluminar decisiones administrativas y flujos económicos. El juicio arrancará con el testimonio de Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro, y cuenta con la presencia, entre otros, del hermano de Koldo, Joseba García, y de personas que habrían actuado como presuntos intermediarios o receptores de pagos.
Declaraciones que pueden marcar el proceso
Según la acusación, el comisionista habría entregado a Koldo 10.000 euros mensuales en efectivo desde octubre de 2019 hasta julio de 2026, cantidades que, siempre según la investigación, estaban destinadas a repartirse entre el asesor y el exministro. En ocasiones, el dinero habría sido recogido por un intermediario —identificado como Joseba— incluso en la República Dominicana, en la sede de una empresa vinculada al comisionista. Estas declaraciones se completan con testimonios que describen la estructura empresarial y la evolución de la facturación de la mercantil beneficiada en 2026, año en que registró una cifra excepcional de ingresos.
Empleo, alquiler y la sombra de los favores
Otra línea de investigación gira en torno a contrataciones en empresas públicas y al pago de una renta elevada por un piso en la Torre de Madrid. La expareja del exministro, Jessica Rodríguez, reconoció haber estado contratada en Ineco entre marzo de 2019 y febrero de 2026 y en Tragsatec entre marzo y septiembre de 2026; la instrucción recoge informes que sostienen que no acudió a su puesto y que su incorporación se produjo sin procesos de selección normales. El juez instructor considera que se utilizaron influencias para facilitar estos contratos vinculados a la cartera de Transportes.
El alquiler y las transferencias
La investigación también documenta que el alquiler del piso en el que residía Rodríguez, con una renta mensual de 2.700 euros, fue cubierto durante más de dos años por una empresa vinculada al entorno del comisionista, cuyo representante habría actuado como supuesto testaferro. Los pagos, que superarían los 80.000 euros, aparecen acompañados de comunicaciones con agencias inmobiliarias y justificantes que han sido incorporados al sumario y que serán analizados frente a las versiones ofrecidas por los acusados.
Alcance penal y cifras en disputa
El Ministerio Público reclama para Ábalos una pena de 24 años de prisión por el conjunto de delitos que le atribuye, mientras que para Koldo García solicita 19 años y medio; las acusaciones populares elevan esas peticiones hasta 30 años. Para Víctor de Aldama, considerado el presunto organizador de la trama, la petición fiscal es de siete años, tras aplicársele una atenuante por confesión. Las compras sospechosas vinculadas al caso se estiman en decenas de millones de euros —con cifras que oscilan entre los 36 millones y la volumetría de facturación extraordinaria declarada por la empresa en 2026—, y Aldama figura en la instrucción como quien obtuvo una parte significativa de las comisiones.
En las próximas semanas, las declaraciones de más de setenta testigos, el examen de peritajes y la confrontación de documentos contables y correos electrónicos pondrán a prueba la teoría del caso presentada por la Fiscalía y la defensa de los acusados. El desarrollo del juicio permitirá saber si los audios, pagos y contrataciones aportados al sumario configuran, a juicio del tribunal, la existencia de una red organizada para el cobro de mordidas en contratos públicos o si, por el contrario, no existe acreditación suficiente para sostener las acusaciones.
