Resumen de las principales declaraciones en el proceso donde aparecen pagos, viajes y contrataciones presuntamente irregulares vinculadas a Ábalos y a Koldo García
La vista oral sobre las compras de mascarillas y los pagos que vinculan a varios acusados se desarrolló con episodios de tensión, explicaciones contradictorias y la comparecencia de testigos que aportaron piezas clave al rompecabezas. En la sala se escucharon versiones sobre entregas de sobres, contratos de emergencia, y colocaciones laborales en empresas públicas sin procesos selectivos, todo ello articulado alrededor de las figuras de José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario señalado como gestor, Víctor de Aldama.
Entre los puntos recurrentes en las declaraciones emergieron viajes a República Dominicana, pagos en efectivo y la contratación de una persona identificada como Jessica Rodríguez sin concurso. Las diferencias en los relatos y la negativa de algunos testigos a contestar por consejo legal añadieron capas de complejidad al proceso, que continúa bajo escrutinio público y judicial.
Testimonios que enlazan sobres, viajes y alquileres
El testimonio de Joseba, hermano de Koldo García, centró gran parte de la jornada. Relató que viajó a República Dominicana en 2026 y recogió un sobre en Punta Cana que, según dijo, contenía documentación y que no llegó a abrir. También declaró haber entregado un sobre en 2026 a José Luis Ábalos en Valencia, que la Guardia Civil terminó abriendo tras interceptarlo. Estos episodios conectan con otras afirmaciones sobre pagos en metálico y desplazamientos pagados por Aldama que, según la acusación, servirían para canalizar compensaciones.
El episodio del sobre y el control policial
Según la versión de Joseba, la detención temporal por la Guardia Civil dejó el sobre abierto en su coche y él asegura no conocer su contenido. Esta narración se enmarca en una pieza más amplia: la Fiscalía investiga movimientos de efectivo y transferencias en efectivo que habrían aumentado desde 2026, con efectivos sin justificar según la UCO. La defensa y la acusación discuten la relevancia y la interpretación de esos hallazgos.
Contrataciones públicas y la figura de Jessica Rodríguez
Una línea de la investigación se refiere a la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas supuestamente sin superar procesos selectivos y sin prestar servicio efectivo. En el juicio se señaló el alquiler de un piso en la Torre de Madrid entre marzo de 2019 y marzo de 2026, pagado mensualmente por 2.700 euros, como uno de los mecanismos que habrían servido para compensar a quienes actuaban en la trama. La defensa insiste en que no hubo irregularidad demostrable, mientras la Fiscalía mantiene la versión del pacto para recibir comisiones.
Pagos periódicos y operaciones en el extranjero
El instructor apunta que desde octubre de 2019 Aldama habría abonado 10.000 euros mensuales a Koldo García, que a su vez repartía parte con Ábalos. Cuando faltaba efectivo en España, los pagos se habrían realizado en República Dominicana, lo que, según la acusación, complicaría su rastreo. El afloramiento de estos importes contrasta con defensas que alegan préstamos, ayudas personales y explicaciones alternativas sobre el origen del dinero.
Declaraciones complementarias y el contexto de la compra de mascarillas
En la sesión también se leyeron manifestaciones por escrito de responsables autonómicos que informaron sobre compras realizadas en emergencia durante la pandemia. Se explicó que hubo dudas técnicas sobre la capacidad de filtrado de parte del material adquirido y que algunas unidades se destinaban como mascarillas quirúrgicas. El gobierno canario pagó a la empresa de Aldama 12,3 millones de euros por dos lotes de dos millones de mascarillas cada uno, según declaró el ex presidente que intervino por escrito.
Además, compareció el hijo de Ábalos, quien explicó que sus ingresos provenían de su actividad profesional en América Latina y negó ser custodio de fondos de su padre. Otros testigos abordaron préstamos familiares, ingresos en efectivo y relaciones laborales en Ineco y Tragsatec, con versiones que buscan matizar o negar relaciones directas entre contratos públicos y compensaciones personales.
Balance y próximos pasos procesales
La jornada dejó múltiples interrogantes abiertos: discrepancias entre relatos, evidencias materiales como fotos y sobres, y la evaluación técnica de contratos firmados durante la pandemia. Las partes presentaron recursos y peticiones de suspensión, algunos rechazados, y se prevé que nuevas declaraciones y pruebas lleguen en próximas sesiones. Mientras tanto, el tribunal continúa la instrucción con la documentación ya aportada y con la atención puesta en contrastar el concierto de voluntades alegado por la Fiscalía frente a las explicaciones de las defensas.
