Inicio del juicio en el Tribunal Supremo con testimonios clave, relatos sobre sobres con efectivo y una causa que sigue salpicando a dirigentes y empresas públicas
El juicio por el conocido como caso mascarillas se abrió en el Tribunal Supremo en los primeros días de abril de 2026, con una vista prevista para trece jornadas y citación de 81 testigos. En el centro del proceso están el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de tejer una red para la adjudicación de contratos sanitarios durante la pandemia.
Dos de los encausados se encuentran en Soto del Real en régimen de prisión preventiva, mientras que Aldama afronta la causa en libertad, según constaba en la apertura de la vista.
La primera jornada puso sobre la mesa testimonios que alimentan la versión acusatoria: Joseba García, hermano de Koldo, reconoció haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE en Ferraz para recoger sobres que, al menos en una entrega, contenían dinero en efectivo.
Ese relato, pronunciado ante el tribunal, irritó a las defensas y subrayó la existencia de movimientos de fondos que la Fiscalía vincula a comisiones por adjudicaciones. Durante la sesión también se evidenció cómo la tensión entre los principales acusados se moderó tras la primera jornada de confrontación.
Alcance de las acusaciones y penas solicitadas
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a su antiguo asesor varios delitos graves: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación. Por todo ello reclama 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para Koldo García. A Aldama, al que la Guardia Civil sitúa como el supuesto nexo corruptor entre empresas y cargos públicos, se le piden siete años tras admitir parte de los cargos y acogerse a una atenuante por conformidad.
Puntos concretos de la investigación
Entre las conductas investigadas figuran la adjudicación de contratos de compra de material sanitario a empresas vinculadas a Aldama, la contratación irregular de personas afines a Ábalos en sociedades públicas dependientes de Transportes y el alquiler de inmuebles por parte de empresarios de la trama, supuestamente para saldar favores. La acusación popular, dirigida por el Partido Popular, por su parte, solicitó inicialmente penas aún superiores, llegando a reclamar hasta 30 años en algunos supuestos, lo que muestra la amplitud de la controversia jurídica y política que envuelve el proceso.
Desarrollo de la vista y calendario procesal
El tribunal fijó la vista oral para 13 días en sesiones de mañana y tarde, y estableció que los interrogatorios de los acusados se produzcan al final, cuando hayan declarado todos los testigos y se hayan practicado las periciales. Si el calendario se respeta, Aldama, Koldo y Ábalos tendrían previsto declarar, por este orden, la mañana del 28 de abril de 2026. La programación incluye la comparecencia de testigos con perfil muy diverso: familiares, responsables de empresas públicas, y empresarios relacionados con la adjudicación de los contratos supuestamente irregulares.
Testigos y la excepción de altos cargos
El tribunal convocó, además, a cargos institucionales como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, quienes solicitaron y obtuvieron la posibilidad de remitir un informe escrito en lugar de comparecer presencialmente, amparados por la normativa que permite a miembros del Gobierno y presidentes autonómicos aportar documentos cuando su conocimiento deriva de su cargo. La estrategia procesal y la calidad de las pruebas testificales serán determinantes para la evolución de la causa en las próximas semanas.
Seguridad, prisiones y ramificaciones políticas
Los dos principales acusados serán trasladados diariamente desde la cárcel de Soto del Real hasta el Alto Tribunal, con medidas de custodia que incluyen acceso por una entrada lateral y desplazamientos escoltados hasta el Salón de Plenos. El caso, que se filtró al público con detenciones en febrero de 2026, ya provocó movimientos internos en el PSOE y abrió investigaciones anexas sobre adjudicaciones de obra pública, que llevaron a la dimisión o pérdida del fuero de algunas figuras relacionadas. La resolución del juicio tendrá impacto jurídico y político, al dirimir responsabilidades penales y arrojar luz sobre el funcionamiento de contratos durante la pandemia.
