Patricia Uriz admite que recogía dinero en efectivo del PSOE para gastos vinculados a Ábalos y Koldo García, pero alega no recordar los 'whatsapps' con términos como chistorras, soles y lechugas
El día 13/04/2026 el Tribunal Supremo reanudó el juicio por el denominado caso mascarillas, en el que figuran como acusados el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En la sesión declaró como testigo Patricia Uriz, que durante años fue pareja de García.
Sus respuestas trazaron una línea sobre la gestión de gastos: reconoció que, en varias ocasiones, acudió a Ferraz a recoger dinero en efectivo destinado a reembolsos, y explicó las condiciones que el partido imponía para abonar esos gastos.
Uriz detalló que el reembolso del PSOE exigía siempre documentación y justificantes: si no había ticket, el importe podía quedar sin cobrar.
La testigo se negó a contestar preguntas de la Fiscalía y la acusación popular debido a que está investigada por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, y solo respondió a la defensa de Koldo García, que además ejerce como su abogada. También aportó detalles sobre la convivencia y decisiones patrimoniales, como la inscripción de una vivienda a nombre de la hija común, y puntualizó que no llegó a casarse con García pese a su relación de dos décadas.
Los pagos en efectivo y el lenguaje en clave
Una de las cuestiones que centró el interrogatorio fue el supuesto uso de un argot para referirse a billetes de distintas denominaciones: la Guardia Civil interpreta que términos como «chistorras», «soles» y «lechugas» aludían a billetes de 500, 200 y 100 euros respectivamente. Uriz afirmó que no recordaba los mensajes de WhatsApp en los que se habrían empleado esas palabras, negándose a reconocerlos como suyos. A su vez, explicó que el partido reembolsaba con efectivo pero solo ante la presentación de los justificantes, que en ocasiones no se conservaban o se extraviaban, lo que impedía cobrar el importe solicitado.
En su declaración, la testigo describió la práctica cotidiana de adelantar pagos para cubrir gastos vinculados al exministro: compraba tabaco, pagaba tintorería, adquiría billetes de tren para la familia, encargos en plataformas como Amazon y hasta la nómina de alguna persona que trabajaba en el domicilio familiar. Además, aseguró que gestionaban la pensión de menores para evitar disputa entre cónyuges. Según Uriz, muchos de esos desembolsos se tramitaban después con hojas de cálculo que, en ocasiones, ella ayudaba a preparar, aunque no controlaba los importes que finalmente abonaba Ferraz.
Ausencias en la sala y testimonios que evitan declarar
Durante la jornada también se citó a personas vinculadas a Víctor de Aldama, como los socios Claudio Rivas y Javier Serrano, que se acogieron a su derecho a no declarar al estar investigados en la Audiencia Nacional. Rivas aparece mencionado en la causa por un procedimiento separado relativo al presunto fraude en hidrocarburos; su comparecencia fue especialmente relevante porque su nombre ha surgido en relación con la compra del chalé en La Alcaidesa, inmueble cuyo disfrute se investiga como una de las supuestas mordidas imputadas a Ábalos. La negativa de ambos a responder obligó al tribunal a reproducir grabaciones previas de sus declaraciones para que las partes puedan seguir contrastando versiones.
El episodio de los sobres y pronolab
En las sesiones anteriores y en la instrucción han salido a relucir pagos en sobres entregados en el extranjero vinculados a personas del entorno de García: una trabajadora de Pronolab afirmó que se ordenó la entrega de sobres con dinero a Joseba García, hermano de Koldo, en República Dominicana. Joseba admitió haber viajado por motivos personales y reconoció que se reunió con la persona que le entregó los sobres, aunque aseguró desconocer su contenido. Esos apuntes forman parte del rompecabezas que la Fiscalía intenta ensamblar para demostrar la cadena de pagos y presuntas comisiones.
Declaraciones institucionales y pasos siguientes
También testificaron empleados de organismos públicos: Josefa Pérez García, exgerente de Ineco, defendió que no existían indicios de que la entonces pareja del exministro, Jéssica Rodríguez, no desempeñara sus funciones, ya que respondía correos y cumplía partes de trabajo. Otros testigos aportaron valoraciones sobre la conveniencia de la compra del chalé y negaron participaciones directas en operaciones de adquisición de material sanitario. No obstante, la complejidad del procedimiento —con varias piezas abiertas en distintos juzgados— y las ausencias selectivas de investigados mantienen la causa viva y con numerosas cuestiones pendientes de prueba ante el Tribunal Supremo.
