Un informe muestra que adquirir gafas puede consumir hasta la mitad de la pensión de algunas personas mayores y urge ayudas y campañas de prevención
El informe “Pobreza visual en la tercera edad”, presentado el 26 de marzo de 2026 por la asociación Visión y Vida con el apoyo de Correos Express y Acción Visión España, dibuja una realidad preocupante: más de dos millones de personas mayores podrían estar en situación de pobreza visual por no poder sufragar la compra de gafas.
La entidad alerta de que, ante la subida del coste de la vida y la situación económica de muchos hogares, la adquisición de soluciones ópticas se acaba relegando frente a gastos básicos. En ese contexto la organización reclama a las administraciones públicas campañas de prevención, revisiones periódicas y ayudas económicas dirigidas a los más vulnerables.
Los datos que aporta el estudio permiten dimensionar el problema: en España viven alrededor de 10 millones de personas mayores de 65 años, de las que aproximadamente 8,3 millones —el 82,4 %— necesitan gafas. No obstante, sólo unas 6,6 millones perciben pensión, con una renta media de 1.566,81 euros y una cuantía media en situación de viudedad de 937 euros. El coste medio estimado de unas gafas adecuadas para estas edades se sitúa en torno a 495 euros, cifra que, según los cálculos del informe, puede suponer entre el 31,7 % y el 52,8 % de la pensión mensual de muchos beneficiarios.
Impacto sobre la vida diaria y la autonomía
La pérdida o el empeoramiento de la visión entre personas mayores tiene consecuencias que van más allá de la incomodidad: reduce la autonomía, eleva el riesgo de caídas, fomenta el aislamiento y puede aumentar la dependencia en actividades cotidianas. El informe subraya que posponer la corrección óptica por motivos económicos no es una decisión menor: desde dificultades para manejar la medicación hasta limitaciones para salir de casa, la mala visión afecta la red social y la seguridad personal. Por eso Visión y Vida insiste en considerar la salud visual como componente esencial de las políticas de envejecimiento activo.
Propuestas y demandas a las administraciones
La asociación reclama una cobertura estructural que combine prevención, accesibilidad y ayuda económica. Entre las propuestas figura la inclusión de la visión en programas de envejecimiento, la realización de revisiones periódicas gratuitas o subvencionadas y la creación de líneas de ayuda para la adquisición de gafas entre los colectivos más vulnerables. Salvador Alsina, presidente de la entidad, recalca que las necesidades visuales en la tercera edad suelen exigir más que unas gafas monofocales y que, por tanto, el coste real supera con frecuencia las soluciones más básicas. Asimismo, se solicita coordinación entre administraciones y el sector óptico para facilitar soluciones accesibles.
Medidas concretas sugeridas
Entre las medidas prácticas que propone el estudio se incluyen campañas de detección precoz, unidades móviles de revisión en zonas rurales, convenios con ópticas para descuentos sociales, vías de subvención para quienes cobran pensiones bajas y campañas informativas dirigidas a quienes viven solos o en situación de fragilidad. El documento también señala la necesidad de focalizar la ayuda en territorios con mayor riesgo: por ejemplo, en Ceuta se estiman 3.779 personas mayores potencialmente afectadas y la tasa de riesgo de pobreza AROPE alcanza el 40,1 % en esa ciudad. Otras regiones con índices superiores a la media son Andalucía (34,7 %), Castilla-La Mancha (34 %) y Murcia (32,5 %), mientras que País Vasco (14,7 %), Illes Balears (15,2 %) y Navarra (16,5 %) muestran porcentajes más bajos.
Cálculo económico y urgencia de la intervención
El informe explica la metodología y el impacto económico: tomando como referencia la renta media de los pensionistas y el coste medio estimado de 495 euros por unas gafas completas, la compra puede significar entre el 31,7 % y el 52,8 % de una pensión. Además, si ya se destina cerca del 60 % de la pensión a gastos básicos como alimentación y vivienda, ese desembolso óptico resulta para muchos hogares inviable. Visión y Vida recuerda que existen ayudas puntuales y que la Ley de Dependencia cubre algunos casos, pero reclama una cobertura estructural que garantice prevención, integración en políticas públicas y apoyo económico sostenido, para que ninguna persona mayor tenga que renunciar a ver bien por motivos económicos.
