ingenieros y sindicatos advierten de fallos en sistemas de control y falta de inversión en las presas estatales; reclaman más medios, independencia técnica y un plan inmediato para evitar riesgos
La seguridad del parque de presas en España ha vuelto al centro del debate profesional. Diversas organizaciones técnicas y sindicales han dirigido cartas y solicitudes de reunión al ministerio correspondiente para denunciar deficiencias que consideran persistentes y preocupantes, especialmente ante episodios de lluvias intensas y eventos hidrológicos extremos.
Los informes y comunicados que han llegado a la opinión pública no solo enumeran cifras: describen un patrón de envejecimiento de infraestructuras, falta de recursos humanos y carencias en los sistemas de control que, según los firmantes, requieren una respuesta coordinada y con liderazgo técnico.
Diagnóstico técnico del estado de las presas
Las organizaciones alertantes recuerdan que España cuenta con 2.453 presas en explotación, más de 1.300 grandes presas y un conjunto significativo de infraestructuras con décadas de vida. La edad media del parque ronda los 50 años; más de 600 presas superan el medio siglo y alrededor de un centenar tienen más de cien años. Este contexto explica por qué se demandan intervenciones constantes de mantenimiento y modernización.
Problemas cuantificados
Sobre las 375 presas de titularidad estatal se detallan porcentajes que ilustran la magnitud del reto: el 75 % necesita estudios complementarios de seguridad; el 65 % debe renovar sus sistemas de auscultación (instrumentación para medir comportamiento estructural); el 30 % precisa refuerzos estructurales y el 50 % demanda rehabilitación de desagües de fondo. Además, aproximadamente un 40 % está clasificado en Categoría A, cuyo fallo podría afectar gravemente núcleos urbanos.
Carencias en gobernanza y recursos
Más allá del estado físico, las asociaciones señalan fallos en el modelo de gestión. Denuncian que en muchos casos la Administración actúa simultáneamente como titular y organismo de control, lo que, en su opinión, debilita la independencia de la supervisión. También subrayan la ausencia de suficientes técnicos especializados en puestos decisorios dentro de la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas.
Impacto presupuestario y prioridades
Los profesionales cuestionan prioridades de gasto: citan inversiones limitadas en presas frente a partidas destinadas a restauración de riberas u otras actuaciones puntuales. En el diagnóstico se llega a estimar que haría falta una cifra muy superior a la disponible actualmente; se ha mencionado una necesidad orientativa de en torno a 570 millones de euros para asegurar un mantenimiento adecuado, frente a partidas declaradas mucho más reducidas, como los 16 millones señalados en algunos presupuestos recientes.
Reivindicaciones y propuestas
Las demandas que repiten las cartas enviadas a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pasan por la elaboración de un plan integral de conservación y seguridad. Ese plan debería incorporar un aumento sustancial de la inversión pública, el refuerzo de plantillas con técnicos especializados y la creación de un organismo independiente con autoridad para supervisar la seguridad de las presas.
Liderazgo técnico y transparencia
Las asociaciones piden que los puestos clave en la gestión hidráulica sean ocupados por profesionales con formación en ingeniería hidráulica, hidrología y seguridad de presas, y que se garantice la independencia del control técnico respecto a la titularidad de las infraestructuras. También instan a que la normativa de seguridad sea aplicada de forma vinculante y que integre criterios robustos sobre hidrología, estructura, sismicidad y adaptación al cambio climático.
Desde el ámbito sindical, el CSIF respalda estas exigencias y reclama una revisión de las condiciones laborales y el refuerzo de recursos humanos en los organismos gestores. La convergencia de posiciones entre asociaciones profesionales y sindicatos ha impulsado la petición de una reunión urgente con el ministerio, tras solicitudes previas sin respuesta completa, como la remitida el 23 de octubre de 2026 y la carta fechada el 3 de febrero de 2026.
Los firmantes subrayan que el objetivo no es alarmar a la población, sino prevenir. Mantener las presas en condiciones óptimas, sostienen, es una responsabilidad colectiva que requiere políticas sostenidas, capacidad técnica y transparencia. Sin dichas medidas, advierten, aumenta la probabilidad de incidentes cuando lleguen eventos hidrológicos extremos que pongan a prueba infraestructuras ya deterioradas.
