El pleno aprobó una reforma penal que castiga la repetición de delitos leves mientras crecen las quejas públicas contra una editorial por impagos y ediciones con errores, creando tensiones políticas y culturales.
El Congreso aprobó recientemente una reforma que endurece las sanciones por multirreincidencia en delitos leves, un hecho que ha reconfigurado temporalmente las alianzas parlamentarias y reavivado el debate sobre seguridad, proporcionalidad y populismo punitivo. La votación contó con un respaldo amplio e inusual en el hemiciclo y fue celebrada por la formación que promovió la iniciativa, que presentó la victoria como una respuesta a la sensación de impunidad en zonas urbanas afectadas por hurtos y pequeños fraudes.
Paralelamente, en el ámbito cultural, una veintena de creadores han hecho públicas denuncias contra una editorial por impagos, incumplimientos contractuales y la publicación de una segunda edición con errores. Ambos asuntos ocupan la agenda pública: uno en clave política y de seguridad; otro, como ejemplo de conflictos laborales y de derechos de autor en el sector editorial.
La reforma sobre multirreincidencia: alcance y apoyos
La modificación legal afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al Código Penal, y establece penas más severas para quienes cometan más de tres veces delitos leves como hurtos o estafas pequeñas, con penas que pueden llegar hasta tres años de prisión. La iniciativa incluyó figuras específicas para el robo de dispositivos electrónicos que contengan datos personales y amplió las facultades judiciales para imponer prohibiciones de acceso a determinadas zonas donde se hayan repetido delitos.
Resultados de la votación
El respaldo parlamentario fue notable: 302 votos a favor —incluidos PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN—, 36 en contra —Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG— y 8 abstenciones —ERC y Coalición Canaria—. Ese reparto evidencia cómo, en esta ocasión, el PSOE optó por pactar con la derecha y la formación independentista promotora, en una decisión que fracturó a los socios más a la izquierda del Gobierno.
Reacciones políticas y tensiones internas
Los defensores de la norma sostienen que responde a demandas ciudadanas por mayor seguridad y que evita la sensación de que los delincuentes «entraban por una puerta y salían por la otra». Sus críticos la califican de populismo punitivo y alertan del riesgo de criminalizar conductas menores, al tiempo que denuncian una deriva hacia argumentos que, según algunos, acercan al PSOE a posturas propias de la derecha más conservadora.
Impacto en las relaciones gubernamentales
Aunque la aprobación puede aliviar momentáneamente el roce entre el Ejecutivo y la formación independentista que promovió la reforma, no resuelve otros puntos de fricción: Junts mantiene vetos y demandas sobre medidas sociales y transferencias competenciales, y advierte que votará en contra de decretos clave si no se satisfacen condiciones sobre desahucios u ocupaciones. La ley constituye, por tanto, un parche que no recompone completamente la geometría parlamentaria necesaria para la estabilidad gubernamental.
El conflicto editorial: impagos, contratos y ediciones defectuosas
En un ámbito distinto pero igualmente relevante, autores y colaboradores han denunciado al sello editorial conocido por publicar cómics y ensayo por retrasos en pagos, falta de transparencia en informes de ventas y ediciones con errores de maquetación. Varios creadores que colaboraron en una novela gráfica sobre tragedias en la frontera —impulsada mediante micromecenazgo para remunerar ilustradores adicionales— afirman que la editorial no respetó compromisos económicos y publicó una segunda tirada con errores graves que dañaron la integridad de la obra.
Consecuencias para autores y mercado
Los afectados señalan que la precariedad del sector y el coste de los procesos judiciales dificultan reclamar legalmente, y critican la falta de comunicación y de sistemas administrativos sólidos en la empresa. La editorial reconoce problemas de gestión y asegura que implementa soluciones informáticas y de organización, pero admite que la expansión de los últimos años ha superado su capacidad operativa y que la situación se encuentra en modo de recuperación.
Ambos frentes —la reforma penal y el conflicto editorial— ponen de manifiesto tensiones distintas: una, entre seguridad y derechos; la otra, entre modelos de negocio editorial y garantía de derechos laborales y de autor. En el terreno político, la ley abre una etapa de reordenamiento temporal de apoyos; en el cultural, la controversia evidencia la necesidad de mayor protección para creadores y de transparencia en la gestión de editoriales que reciben subvenciones públicas. Los dos fenómenos seguirán marcando el debate público en los próximos meses.
