El Pleno vuelve a examinar el decreto que aplica un aumento del 2,7% a las pensiones contributivas y otras medidas sociales tras dividirse el paquete inicial en dos textos
El Pleno del Congreso vuelve a someter a convalidación un real decreto-ley que contiene la revalorización de las pensiones y diversas medidas en materia de Seguridad Social y protección social. Tras la división del paquete normativo que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros, la Cámara debate ahora por separado la subida de las prestaciones y el conjunto de iniciativas conocido como escudo social.
La norma que se examina recoge una actualización automática de las pensiones contributivas del 2,7% —resultado del cálculo del índice de precios entre diciembre y noviembre— y otras medidas destinadas a colectivos concretos y a la gestión de cotizaciones.
La subida fue aplicada con efectos desde enero, pero su permanencia para el resto del año depende de la convalidación parlamentaria.
Qué incluye la revalorización y quiénes se benefician
El texto principal consagra una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas, lo que implica un aumento medio de alrededor de 570 euros anuales para las pensiones de jubilación y cerca de 500 euros de media en el conjunto del sistema. Además, la norma extiende incrementos más intensos para ciertos tramos: las prestaciones mínimas y determinadas pensiones no contributivas experimentan subidas superiores al promedio.
En cifras agregadas, la Seguridad Social abarca más de 10,45 millones de pensiones contributivas, de las que cerca de 6,66 millones corresponden a jubilación. La revalorización también afecta a prestaciones de Clases Pasivas y a beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital; en total, casi 13 millones de prestaciones, según el texto legislativo.
Impacto territorial y ejemplos locales
Los efectos no son homogéneos: las pensiones medias varían mucho entre municipios. Por ejemplo, localidades mineras del norte registran jubilaciones medias que superan ampliamente la media nacional —en algunos casos por encima de 2.500 euros—, mientras que municipios con economías agrícolas o ganaderas muestran medias por debajo de 800 euros. El mapa de prestaciones refleja esas diferencias y permite comparar la pensión media de cada localidad con la media nacional, que sitúa la jubilación media en torno a 1.563,56 euros.
Otras medidas del decreto y ramificaciones parlamentarias
Junto a la subida de las pensiones, el real decreto incorpora medidas técnicas y excepciones en materia de cotizaciones: la regulación de una cotización adicional para bomberos y agentes forestales con el objeto de facilitar coeficientes reductores por especial penosidad, la ampliación de la compatibilidad de la pensión con la actividad profesional para facultativos de Atención Primaria y la congelación temporal de la base de cotización de los autónomos.
También se incluyen medidas administrativas de alcance práctico, como la exención a perceptores de prestaciones por desempleo de la obligación de presentar la declaración de la renta, y la prórroga durante el año de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF para autónomos.
Trámite parlamentario y apoyos previstos
El real decreto llega al Pleno tras haber sido dividido del paquete original que contenía el denominado escudo social —medidas sobre desahucios, ayudas a la vivienda y protección frente a emergencias—. La separación buscó facilitar la convalidación de la revalorización. Se espera que partidos como el PP y Junts respalden la subida de las pensiones si se presenta en una norma independiente de las medidas de moratoria de desahucios.
Sin embargo, el segundo real decreto que reúne las medidas del escudo social tiene un recorrido parlamentario más incierto y podría volver a quedar rechazado si no logra apoyos suficientes.
Consecuencias sociales y lecturas económicas
La convalidación o rechazo de estas normas no es sólo un trámite técnico: condiciona la percepción real de ingresos por parte de millones de pensionistas a lo largo del año. La subida del 2,7% atenúa la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, pero las disparidades territoriales y la mayor presión sobre pensiones mínimas plantean desafíos para la equidad y la sostenibilidad del sistema.
Expertos y organizaciones sociales observan con atención medidas complementarias, como el refuerzo de las pensiones no contributivas —que suben porcentajes superiores al promedio— y los cambios en reglas de cotización para colectivos que desarrollan trabajos de alta intensidad o riesgo. En conjunto, la votación del Congreso será decisiva para que esos incrementos y ajustes se consoliden durante todo el año y para definir el alcance del debate sobre el escudo social en la agenda parlamentaria.
