Un repaso crítico a las tácticas comunicativas y las políticas de vigilancia que estigmatizan a inmigrantes y amplían el alcance del Estado
En torno al debate público sobre inmigración han surgido dos fenómenos que se refuerzan: por un lado, campañas oficiales que presentan a inmigrantes como fuentes de criminalidad y, por otro, políticas administrativas que amplían la recolección de datos en redes sociales.
El cruce de publicidad gubernamental y herramientas de vigilancia cambia no solo la percepción ciudadana, sino también la relación entre el individuo y el Estado. El 27/02/2026 varias investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones civiles pusieron foco en estas tácticas, mostrando prácticas inéditas en alcance y tono.
Este artículo explora cómo se construyen las narrativas, qué herramientas legales y tecnológicas se emplean y qué implicaciones tienen para la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad pública. A continuación se detallan los mecanismos comunicativos y las medidas administrativas, con ejemplos y análisis de impacto.
La construcción mediática: perfilar a los inmigrantes como amenaza
Las campañas estatales recientes combinan mensajes simplificados, imágenes y cifras seleccionadas para vincular inmigración con criminalidad. En campañas públicas y publicaciones de agencias federales se resaltan casos y estadísticas parciales que, fuera de contexto, pueden crear la impresión de una ola delictiva atribuible a migrantes. Este tipo de comunicación funciona mediante repetición y dramatización, lo que facilita que audiencias amplias internalicen una narrativa única.
Selección de datos y efecto de percepción
Cuando una administración elige enfatizar ciertos incidentes o agregados numéricos sin contextualizarlos con variables demográficas o metodológicas, se produce una distorsión. Por ejemplo, cifras de detenciones o cargos pueden presentarse sin especificar si corresponden a personas con estatus migratorio irregular, residentes legales o ciudadanos. Esa omisión alimenta la idea —no siempre verificada— de que la inmigración es inherentemente peligrosa. El resultado es un clima de opinión pública que respalda medidas más duras.
Consecuencias sociales
El impacto va más allá de la opinión: comunidades enteras experimentan estigmatización y temor. Los testimonios muestran que víctimas y testigos dentro de redes de inmigrantes a menudo evitan denunciar delitos por miedo a represalias o deportación, lo que a su vez reduce la visibilidad de la violencia real y complica la elaboración de estadísticas confiables. En ese vacío informativo, la narrativa oficial cobra aún más fuerza.
Vigilancia digital: pedir perfiles de redes sociales y sus efectos
Paralelamente a la campaña mediática, agencias gubernamentales han avanzado en la recopilación de metadatos y credenciales de cuentas en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y aplicaciones de mensajería. Una política extendida exige a solicitantes de cambios migratorios proporcionar los handles utilizados en los últimos cinco años, en ocasiones incluyendo cuentas de familiares. Este requisito amplía el alcance de la inspección administrativa hasta abarcar actividad pública y privada en línea.
¿Qué se busca y cómo se interpreta?
Oficialmente, la recolección persigue identificar amenazas de seguridad y actitudes hostiles. En la práctica, la búsqueda de publicaciones o interacciones puede derivar en calificaciones subjetivas de ideología o lealtad. Los informes muestran que este tipo de social vetting rara vez aporta hallazgos que justifiquen su costo en términos de libertad; sin embargo, su valor político reside en la capacidad de disuadir la crítica y forzar una conducta más cauta entre quienes desean permanecer en el país.
Implicaciones legales, éticas y políticas
Obligar a entregar historiales de redes sociales plantea interrogantes sobre límites constitucionales, protección de datos y proporcionalidad. La exigencia puede afectar tanto a extranjeros como a ciudadanos vinculados por lazos familiares, ampliando la intromisión estatal. Además, la disponibilidad de herramientas de vigilancia —desde subpoenas a contratos con empresas tecnológicas— facilita la monitorización masiva sin las garantías procesales tradicionales.
Riesgos para la democracia
Al mezclar una narrativa que criminaliza a grupos enteros con instrumentos que facilitan la supervisión de opiniones, se genera un entorno donde la autocensura y el temor a repercusiones se convierten en mecanismos de control social. Esto erosiona la pluralidad del discurso público y fortalece el poder ejecutivo en cuestiones migratorias y de seguridad.
Alternativas y preguntas abiertas
Existen vías para balancear preocupaciones de seguridad con derechos civiles: auditorías independientes de las campañas públicas, transparencia sobre criterios de evaluación en redes sociales y límites temporales y específicos para la recolección de datos. Preguntas clave permanecen: ¿qué tan fiables son las estadísticas usadas en la comunicación oficial? ¿Quién supervisa la interpretación de conductas en línea? Y, sobre todo, ¿cómo garantizar que la ley no se convierta en herramienta para silenciar disidencias?
Comprender sus mecanismos y consecuencias es imprescindible para debatir políticas que respeten la seguridad sin sacrificar derechos fundamentales.
