Vox expulsó a José Ángel Antelo del grupo parlamentario en Murcia después de que él denunciara una supuesta falsificación de su firma; la formación lo desmiente y reclama coherencia y la entrega del acta
La dirección regional de Vox ha decidido apartar a José Ángel Antelo del grupo parlamentario en la Asamblea de Murcia, en un choque que evidencia una crisis interna profunda. Antelo había denunciado públicamente que su firma fue utilizada sin autorización para tramitar su relevo como portavocía, una acusación que el partido niega y que ha llevado a exigirle la entrega del acta de diputado para que prospere la sustitución.
El enfrentamiento se produce tras una cascada de dimisiones en la ejecutiva provincial murciana y la sustitución de Antelo por Rubén Martínez Alpañez como portavoz del grupo. Mientras Antelo anuncia que llevará el caso a los tribunales por presunta falsedad documental o usurpación, Vox defiende la legalidad del procedimiento y reclama coherencia a quien, según ellos, ya no encaja en el proyecto.
Cómo se desencadenó la crisis
El origen del conflicto fue la petición interna para relevar a Antelo de la portavocía del grupo parlamentario, una medida adoptada por la mayoría de los diputados regionales de Vox en la Cámara. Para formalizar el cambio se presentó un escrito con sello del grupo y, según la versión del partido, con la tramitación correcta; Antelo, en cambio, sostiene que se utilizó su firma sin permiso, lo que podría constituir un delito bajo la tipología penal de falsedad documental o suplantación.
Reacciones dentro del partido
Rubén Martínez Alpañez, que ocupó la portavocía, compareció públicamente para negar que existiera una manipulación de la firma y explicó que el grupo lleva tiempo intentando resolver problemas de ineficiencia y gestión que atribuyen a Antelo. Según Martínez, se ofrecieron alternativas y oportunidades que el exdirigente no aceptó, y la mayoría del grupo concluyó que era necesario ejecutar la sustitución para evitar más desajustes internos.
La petición de coherencia y la exigencia del acta
Desde la cúpula de la formación se ha insistido en que la conducta coherente ante un desacuerdo es apartarse: «si uno no está de acuerdo, lo razonable es dejar el escaño», señalaron. Con ese argumento, Vox reclamó que Antelo entregue su acta para que entre el siguiente de la lista y se normalice la representación. La exigencia se presenta como un llamamiento a la responsabilidad institucional y a no mezclar críticas públicas con el mantenimiento de cargos.
Contenidos jurídicos y posibles pasos legales
Antelo anunció que interpondrá denuncias por la supuesta utilización indebida de su certificado digital y por la firma de documentos en su nombre. El exdirigente sostiene que ese tipo de actuaciones podría encajar en delitos tipificados por el Código Penal, como la suplantación de identidad o la falsedad documental, y se ampara en ese marco para llevar el asunto a instancias judiciales.
Implicaciones prácticas
En lo práctico, la expulsión del grupo parlamentario y la demanda de entrega del acta sitúan a Antelo en una posición complicada: si no renuncia al escaño, seguirá siendo diputado fuera del grupo y la dirección regional intentará forzar la incorporación del sustituto por mecanismos internos y parlamentarios. Además, la disputa alimenta la tensión entre las filas provinciales y la dirección nacional.
Contexto político y reacciones externas
El conflicto se enmarca en una etapa de purgas y tensiones internas dentro de Vox, donde el alineamiento con figuras críticas de la dirección central, como Javier Ortega Smith, ha generado fricciones. La salida de cargos históricos en la región y las críticas públicas de varios disidentes han incrementado la percepción de fractura en la organización.
El líder del partido ha manifestado que quienes entorpecen el proyecto están mejor fuera, y desde la dirección regional se envía un mensaje de firmeza: preservar la cohesión del grupo y cumplir compromisos con los electores es prioritario frente a las disputas personales. Mientras tanto, la situación aguardará decisiones judiciales y la respuesta final de Antelo sobre la entrega del acta.
