El ministro del Interior ha anunciado que ha requerido datos inmediatos sobre un incidente en el Senado en el que Vito Quiles, acreditado como prensa, habría empujado a una senadora y a una analista; se plantea la retirada de su acreditación y acciones legales
El ministro del Interior ha comunicado a la prensa su preocupación por un incidente ocurrido en el interior del Senado en el que, según denuncias, Vito Quiles habría empujado a la senadora Rocío Briones y a la analista Sarah Santaolalla.
El responsable del ministerio ha confirmado que ha pedido información urgente sobre los hechos y que, una vez recabada, se adoptarán las medidas que resulten «imprescindibles, necesarias y precisas» para evitar que se repitan episodios similares dentro de una institución pública.
El ministro ha subrayado además que es momento de responder con «toda la fuerza de la ley», en alusión a la necesidad de aplicar la normativa vigente frente a comportamientos que, en su opinión, responden a la polarización y la confrontación más que a una legítima labor informativa. El señalamiento público de estas conductas pone de relieve dudas sobre los límites del ejercicio periodístico cuando se ejerce dentro de los recintos parlamentarios.
Contexto y denuncias: qué se alega sobre el episodio
Fuentes parlamentarias y representantes del PSOE han presentado denuncias que señalan a Quiles, acreditado como prensa, como autor de empujones dirigidos contra una senadora y una profesional de los medios que participaba en un acto. La acusación sostiene que los empujones se produjeron en las inmediaciones del hemiciclo tras una actividad organizada por el grupo político, lo que ha generado una reacción institucional inmediata y peticiones de aclaración a Interior sobre las responsabilidades y el alcance de las posibles sanciones.
Reacciones institucionales
En el pasillo de acceso al hemiciclo, el ministro expresó su «preocupación máxima» por sucesos de esta naturaleza en la «casa de la soberanía nacional». A su juicio, más allá de la recomendación de no alimentar la polémica, existe la obligación de aplicar la normativa para que hechos semejantes no vuelvan a producirse en un espacio que representa a la ciudadanía. Esta declaración anticipa un procedimiento de investigación administrativa y, en su caso, de actuación sancionadora.
El expediente sobre acreditaciones y antecedentes
Paralelamente, el Congreso tiene abierto un expediente contra Quiles por infracciones del reglamento de acreditaciones. El instructor del caso ha citado a las partes para cerrar el informe que propondrá si procede una sanción que puede incluir la suspensión temporal de la acreditación de prensa hasta tres meses. Ese procedimiento es el siguiente paso tras informes previos en los que se le acusó de grabar en espacios prohibidos y de publicar material captado sin autorización.
Informes previos y posibles sanciones
El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria emitió valoraciones según las cuales Quiles habría cometido infracciones graves: grabaciones no autorizadas en dependencias del Congreso y comportamiento que dificulta el normal desarrollo de las actividades institucionales. El reglamento contempla sanciones que van desde días de suspensión hasta tres meses, y la reiteración de faltas graves puede derivar en una expulsión definitiva del régimen de acreditaciones.
Antecedentes y denuncias de acoso
El auge de episodios protagonizados por el agitador ha provocado varias querellas y quejas. Entre los antecedentes figura la denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios por grabar, supuestamente sin permiso, la salida de actos con personalidades políticas, y otras acusaciones por seguir a profesionales tras su jornada laboral. En uno de esos casos, la analista señalada en la reciente denuncia aseguró haber acudido a un centro hospitalario tras el altercado, lo que ha intensificado la atención institucional sobre la conducta de quienes actúan con acreditación dentro de los recintos públicos.
Impacto en la convivencia parlamentaria
Los informes recuerdan que conductas como las denunciadas «causan un grave daño a la institución» y vulneran el decoro del Parlamento, poniendo en riesgo no solo la seguridad de quienes participan en los actos sino también el normal desarrollo de las funciones públicas. La investigación abierta, la posible retirada de acreditaciones y la voluntad del ministerio de emplear toda la fuerza de la ley muestran la intención de las autoridades de preservar la integridad del espacio parlamentario.
Qué puede suceder a continuación
Tras la recogida de información urgente solicitada por Interior y la finalización del informe del instructor en el Congreso, la Mesa de la Cámara dispondrá de los elementos para decidir sobre la imposición de sanciones administrativas. Si se acreditan infracciones graves y reiteradas, las medidas pueden ir desde la suspensión temporal de la acreditación de prensa hasta la expulsión definitiva del sistema de acreditados en casos extremos. Mientras tanto, la investigación sigue y las partes han sido convocadas para exponer su versión ante los órganos competentes.
