El TC insta al Supremo a aplicar la amnistía y cerrar la causa del procés, mientras la política se polariza.
El Tribunal Constitucional emitió el pasado 6 de octubre una sentencia que confirma la constitucionalidad de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento para los hechos del procés. En su intervención en los Foros de Vanguardia, el presidente Cándido Conde-Pumpido, de 77 años, solicitó al Tribunal Supremo que emita el auto necesario para que la norma sea operativa y, de ese modo, se extingan definitivamente los delitos que motivaron las condenas de los líderes independentistas.
La orden del TC y el paso pendiente del Supremo
Conde-Pumpido dejó clara la ausencia de plazos obligatorios, subrayando que “cada tribunal tiene su propio ritmo” y que “no soy profeta, soy magistrado”. Aseguró, sin embargo, que la medida cautelar contra cualquier persona afectada podría permitir su ingreso a España sin ser detenida, siempre que el Tribunal Supremo resuelva la aplicación concreta en las próximas semanas.
En palabras del presidente del TC, “con nuestra sentencia se puede cerrar ya el capítulo procesal penal del procés”.
El mismo día, el magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, levantó la orden de detención sobre Carles Puigdemont, aunque no anuló su responsabilidad penal. La sentencia del TC también estableció que la amnistía debe cubrir el delito de malversación, en contraste con la interpretación del Supremo que había excluido esa figura bajo la excepción de enriquecimiento personal.
Reacciones políticas y debate sobre la retroactividad
Los partidos de derecha, Vox y el Partido Popular, manifestaron su intención de derogar la ley de amnistía en caso de alcanzar la mayoría. Conde-Pumpido recordó que, aunque una norma pueda ser derogada, sus efectos no son retroactivos: “la responsabilidad penal ya extinguida nunca puede resucitar”. Esta argumentación se insertó en una disputa más amplia sobre la legitimidad del TC, a la que el presidente respondió que cuestionar la constitucionalidad de la ley equivale a cuestionar la propia democracia.
Además, el presidente del TC evitó pronunciarse sobre la polémica “ley de nietos”, esperando la resolución del Tribunal Supremo y señalando que la Constitución vincula la nacionalidad con el derecho al voto en su artículo 68. También destacó la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el uso de la acción penal por parte de partidos políticos.
Conversatorio en el Palau Macaya y presencia institucional
El debate tuvo lugar en el Palau Macaya, situado en el paseo de Sant Joan, y contó con la participación de periodistas como Ramón Rovira (Grupo Godó), Lola García (La Vanguardia) y Jordi de Planell (El Món a RAC1). La audiencia incluyó a magistrados, fiscales, representantes del poder judicial, así como a figuras del ámbito político y empresarial: el Conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler; el expresidente José Montilla; la exconsellera Meritxell Borràs; y directivos de compañías como Enagás, Iberdrola, CaixaBank y Indra.
Entre los asistentes también se hallaron representantes consulares de Israel y Suecia, y varias personalidades del Ayuntamiento de Barcelona. El encuentro finalizó sin que el presidente del TC anunciara una fecha concreta para que el Tribunal Supremo emitiera el auto, reiterando que “no hay plazo” y que “solo nos queda que el Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de afectados y se cierre la causa judicial del procés”.
