El Ejecutivo de Buenos Aires activó un proceso arbitral contra el Reino Unido para impedir la explotación petrolera en las Malvinas y lanzó un intenso debate legislativo sobre la defensa de la soberanía.
Ante la decisión de dos compañías – la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration – de iniciar perforaciones en la Cuenca Malvinas Norte a partir de 2028, el gobierno argentino presentó, a inicios de la próxima semana, una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
La petición, basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) exige que Londres detenga cualquier actividad hidrocarburífera en la zona mientras se resuelve la controversia.
El proceso arbitral y su fundamento legal
El canciller Pablo Quirno, durante una entrevista en el canal A24, explicó que la acción se sustenta en el artículo XV de la CONVEMAR, que establece mecanismos de solución de disputas cuando las partes no coinciden en la elección del foro.
Argentina optó por el TIDM, con sede en Hamburgo, mientras el Reino Unido prefiere la Corte Internacional de Justicia; por ello, el tratado dirige el caso a un tribunal de cinco miembros, según el anexo VII.
En caso de que el TIDM fallara a favor de Argentina, el laudo tendría carácter vinculante y obligaría al Reino Unido a cesar la explotación. Además, el tribunal solo decidirá sobre la posibilidad de explotar recursos no renovables en una zona en disputa; la cuestión de soberanía, que Buenos Aires reclama desde 1833, quedará fuera del pronunciamiento.
Reacción británica y presión empresarial
El gobierno del Reino Unido calificó la medida como un intento de “socavar” los derechos de los habitantes de las islas, subrayando que sus operaciones cumplen con el derecho internacional y la propia CONVEMAR. Sin embargo, la respuesta argentina invierte el argumento, invitando a Londres a presentar pruebas ante un tribunal independiente. Si la empresa británica Rockhopper o la israelí Navitas continúan con sus planes, podrían enfrentar sanciones financieras, ya que sus acciones cotidianas han sufrido fuertes caídas tras las denuncias argentinas.
En paralelo, la Cancillería denunció que una aeronave británica, perteneciente a la empresa Thales UK Limited realizó vuelos sin autorización entre Punta Arenas (Chile) y las Malvinas, evitando el espacio aéreo argentino pero transportando material logístico. El presidente Javier Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, y solicitó a los equipos diplomáticos elevar la queja ante instancias internacionales.
Debate parlamentario y el proyecto de ley de defensa de la soberanía
Mientras se desarrolla el arbitraje, la Cámara de Diputados reabrió la discusión sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Más de una decena de expertos y representantes de organizaciones civiles presentaron sus argumentos, destacando la necesidad de crear instrumentos legales que respalden la demanda de Argentina en foros internacionales.
Entre los puntos críticos del borrador, la oposición denunció la ampliación del Consejo de seguridad Nacional, que concentraría amplios poderes ejecutivos sin controles institucionales claros. El director del CELS, Paula Litvachky, advirtió que la norma podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias bajo la premisa de “amenazas” vagas. Por su parte, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, sostuvo que el gobierno ya posee los instrumentos para frenar el “saqueo” de los recursos en el Atlántico Sur, pero que éstos no se están aplicando.
El proyecto también propone endurecer las sanciones contra cualquier empresa que explote recursos naturales sin autorización argentina, ampliando el alcance de la Ley 26.659 a todas las actividades, sean renovables o no, en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina. Se contemplan multas, suspensión de habilitaciones y responsabilidad penal incluso en casos de fusiones o escisiones que intenten eludir la normativa.
El presidente Milei ha reiterado que, de no recibir una respuesta satisfactoria del Reino Unido dentro del plazo de dos semanas establecido el 28 de septiembre, Argentina solicitará al TIDM la imposición de medidas provisionales para proteger sus derechos soberanos. La expectativa de la comunidad internacional se centra ahora en el veredicto del tribunal, que podría marcar un precedente decisivo en la aplicación de la CONVEMAR a disputas territoriales y de recursos.
