El Congreso decidió destituir al presidente Peña tras un juicio político de cinco fases, mientras la población protesta y la justicia ordena allanamientos en su casa de verano.
El juicio político contra el presidente Santiago Peña se activó este jueves en la Cámara de Diputados, marcando el inicio de un proceso de cinco etapas que culminará con una votación en el Senado. La primera fase, el juramento y la presentación de la acusación, ya se completó tras una sesión extraordinaria en la que los diputados expusieron las pruebas contra el mandatario.
Desarrollo del proceso legislativo
Según explicó el presidente del Congreso, Basilio Núñez, cada fase exige la convocatoria de una sesión extraordinaria del Senado. Tras la fase inicial, la defensa del acusado está prevista para el viernes a las 10:00 hora local (13:00 GMT).
En esa audiencia, Peña y su equipo legal presentarán los argumentos que consideren pertinentes para refutar los cargos.
Posteriormente, los senadores evaluarán tanto la documentación entregada por la cámara baja como los descargos de la defensa. La cuarta fase consistirá en los alegatos finales de ambas partes, y la quinta y última consistirá en la votación. Para que se declare la destitución, se requiere el apoyo de al menos dos tercios de los senadores, es decir, 30 de los 45 miembros.
El propio presidente ha asegurado mediante su cuenta en X que asistirá a la audiencia, defenderá su inocencia y, en caso de resultar condenado, acatará la decisión judicial. Mientras tanto, el Congreso no aceptó su renuncia y optó por proseguir con el proceso político, manteniendo la presidencia en suspenso.
Motivos de la acusación: conflicto de intereses y colapso financiero
Los diputados acusadores señalan como principal causa el mal desempeño de funciones de Peña, vinculado a su estrecha relación con Ueno Bank. El presidente habría poseído acciones valoradas en varios millones de guaraníes hasta 2025, dos años después de iniciar su mandato, y habría influido en nombramientos de funcionarios dentro de la entidad financiera.
El banco, controlado por el Grupo Vázquez, fue intervenido por el Banco Central del Paraguay después de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo legal. La intervención provocó el retiro masivo de fondos por parte de los ahorradores, generando una oleada de protestas frente a las sucursales del banco. Según informes, cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos, lo que erosionó la confianza en el sistema financiero del país.
Otra pieza clave de la acusación es la supuesta injerencia de Peña en el Instituto de Previsión Social (IPS). Se alega que el mandatario facilitó la colocación de fondos del IPS – que administra pensiones y servicios de salud – en Ueno Bank, destinando alrededor de 3,6 billones de guaraníes (USD 233,4 millones) al banco en situación de riesgo. La Fiscalía estima que el perjuicio económico para el Estado asciende a aproximadamente USD 809,5 millones.
Adicionalmente, se denuncia un posible enriquecimiento ilícito: préstamos otorgados por el banco al propio Peña y la utilización de recursos públicos para la adquisición de su residencia de verano en San Bernardino. Los documentos judiciales revelan que, en mayo de 2024, Ueno Bank concedió dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (cerca de USD 600.000) para financiar la construcción de la casa, cuyo costo total superó los 7.700 millones de guaraníes (USD 1,3 millones). Las cuotas mensuales correspondían a seis veces el salario presidencial.
Repercusiones sociales, judiciales y financieras
La población de Asunción manifestó su rechazo mediante protestas masivas frente al Congreso. Los manifestantes exigieron la rendición de cuentas del presidente y la restitución de los ahorros perdidos. Durante los disturbios, se incendiaron símbolos de Peña y se registraron enfrentamientos con la policía, que recurrió a gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
El 5 de noviembre, el Senado votó de manera unánime por la destitución de Peña, con 44 votos a favor. La misma noche, el expresidente fue detenido y, al día siguiente, la Fiscalía lo imputó como instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. El juez de garantías Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, y también quedó bajo detención preventiva el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
En paralelo, la Fiscalía ejecutó un allanamiento en la casa de verano de Peña en San Bernardino. Los operativos, encabezados por los fiscales Christian Benítez y Silvia González Véster, encontraron una bóveda oculta tras una pared falsa, protegida por un sistema de seguridad avanzado, aunque no se reveló el contenido incautado. El allanamiento se enmarca dentro de la investigación por la supuesta administración desleal de fondos públicos.
Para mitigar el daño a los ahorradores, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (USD 38.000) por persona. Hasta el 1 de noviembre, el Banco Central había transferido 996.000 millones de guaraníes (USD 160 millones) a 1.196.000 depositantes. Sin embargo, alrededor de 87.000 clientes con saldos superiores al tope de garantía quedan fuera del fondo y aún no se asegura la devolución completa de sus recursos.
El vicepresidente Pedro Alliana, ahora presidente interino, prometió enfocar su gestión en los sectores más vulnerables y garantizar la estabilidad del sistema financiero. No obstante, la caída de los bonos soberanos internacionales y la incertidumbre sobre la inversión extranjera evidencian el amplio impacto macroeconómico que ha dejado la crisis de Ueno Bank y el conflicto político que la rodea.
