Una red internacional de inquilinos recibe dinero de la UE y de fundaciones, mientras el Estado cede espacios y un empresario lleva a los tribunales a la entidad que gestionó fondos europeos.
En los últimos meses la European Action Coalition for the Right to Housing and the City (EAC) ha cobrado una visibilidad sin precedentes en la capital española. La coalición agrupa a sindicatos de inquilinas de Madrid y Cataluña, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a numerosas organizaciones de veinte países diferentes.
Su reciente encuentro internacional, titulado El Barrio congregó a más de 140 colectivos bajo el lema “¡Inquilinas del mundo, uníos!”.
Financiación europea y de la Guerrilla Foundation a la EAC
El programa Funding Fairer Futures cofinanciado por la Unión Europea y el Climate Action Engagement Fund destinó entre 10.000 y 100.000 euros a la EAC bajo la denominación “European Housing Coalition, Spain”.
No se ha hecho público el importe exacto, pero la ayuda forma parte de un paquete que también incluye formación en gestión de proyectos, capacitación en advocacy y oportunidades de networking internacional. Además, la Guerrilla Foundation ha asignado entre 20.000 y 40.000 euros a la coalición, describiendo la suma como una “inyección en la infraestructura central de organización”. Con estos recursos se financiaron dos grandes encuentros presenciales previstos para 2026, así como viajes, alojamientos y la producción de materiales sobre vivienda y cambio climático.
Gracias a este apoyo, activistas procedentes de países tan distantes como Grecia, Polonia o México llegaron a la Puerta del Sol, donde se sumaron a la protesta por el desalojo de Maricarmen y a la acampada que siguió. El País estimó que alrededor de 200 activistas internacionales estaban presentes en la plaza durante los días de movilización.
Apoyo institucional al Sindicato de Inquilinas: de fundaciones alemanas a la Tabacalera
Paralelamente, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha ampliado su red de colaboraciones. Uno de los vínculos más destacados es con la Fundación Rosa Luxemburgo una entidad política alemana vinculada a Die Linke que recibe fondos públicos alemanes. La fundación ha publicado el “Manual de organización inquilina” elaborado por el sindicato y ha participado en la coedición de la revista Poder inquilino cuya financiación proviene del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania a través de la propia fundación.
En marzo de 2026 el Ministerio de Cultura anunció la cesión de dos naves (512 m² y 288 m²) en la antigua Tabacalera de Madrid, totalizando 800 m², al colectivo Remontada Tabacalera. El espacio será gestionado por la asociación CSA La Tabacalera, pero el Sindicato de Inquilinas forma parte del consorcio de beneficiarios, lo que le otorga una sede física para sus actividades. La rehabilitación integral de las naves, cuyo presupuesto supera los 600.000 euros, será cubierta íntegramente por fondos estatales, sin que se transfiera ninguna subvención directa al sindicato.
Otros proyectos en los que el sindicato colabora incluyen una investigación sobre el acceso a la vivienda de población inmigrante financiada por el Ministerio de Inclusión y el Fondo Social Europeo, y talleres organizados por la Fundación Cepaim dentro de la iniciativa Operación Adelante+. Asimismo, la universidad Autónoma de Madrid cuenta con el sindicato como colaborador de su Clínica Jurídica y Politológica para elaborar herramientas legales de defensa del arrendatario durante el curso 2026-2027.
Acusaciones contra Madrid Network y la ampliación de la querella de Francisco Gayá
En un plano judicial, el empresario Francisco Gayá ha presentado una ampliación de la querella que interpuso contra Madrid Network entidad creada por la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre para canalizar ayudas públicas a proyectos empresariales de innovación. La demanda, presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, pide revocar el auto de archivo provisional y sostiene que el caso no puede resolverse por la vía civil.
Según la denuncia, Madrid Network gestionó más de 80 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea transferidos por la Administración General del Estado. La querella imputa a la entidad y a seis de sus directivos ocho delitos, entre ellos malversación de caudales públicosprevaricaciónfraude de subvencionescohecho y blanqueo de capitales. Un punto central es la supuesta cláusula adicional que obligaba a los prestatarios a pagar un 6 % de cada desembolso, una condición que, según la acusación, nunca apareció en los contratos iniciales.
La ampliación de la querella incluye nuevas diligencias y solicita que el proceso continúe en la vía penal, argumentando que los hechos constituyen una estructura de organización criminal que involucró también a funcionarios y cargos del Partido Popular.
Estos tres ejes —la financiación europea de la EAC, el respaldo institucional al Sindicato de Inquilinas y la querella contra Madrid Network— revelan un entramado complejo donde recursos públicos y privados convergen en la defensa del derecho a la vivienda, al mismo tiempo que se ponen a prueba los mecanismos de control y transparencia en la gestión de fondos comunitarios.
