El sindicato Manos Limpias acusa al delegado de Madrid de prevaricación por no retirar la acampada de Sol, mientras la protesta por la vivienda sigue en el centro.
El pasado 26 de septiembre el Sindicato de Inquilinos organizó una ocupación con carpas en la Puerta del Sol una de las plazas más transitadas de la capital. La medida surgió como respuesta a la crisis de vivienda y al caso de la joven conocida como Maricarmen, cuyo desahucio había generado gran polémica.
La zona quedó rodeada de tiendas de campaña, bloqueando parte del acceso peatonal y vehicular, lo que provocó el reclamo de los comerciantes y la inquietud de los vecinos.
Sin que la autoridad local interviniera, la instalación permaneció varios días.
Frente a la sede de la Comunidad de Madrid, la presencia de la acampada generó una exposición directa del hecho ante los ojos del poder ejecutivo regional. Los medios informaron del número estimado de participantes, que rondó los 25.000, y de la consignas que incluían «Ni una Maricarmen más» y «Todo el mundo a Sol».
La denuncia de Manos Limpias
El sindicato Manos Limpias presentó el 28 de septiembre una querella ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, acusando al delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín de prevaricación administrativa por omisión. Según la denuncia, el funcionario conocía la ilegalidad de la ocupación –no existe normativa que autorice campamentos en espacios públicos– y, a pesar de ello, decidió no actuar, permitiendo que la situación continuara.
El escrito destaca que el artículo 404 del Código Penal castiga a quien, sabiendo la injusticia de su resolución, dicta una decisión arbitraria. En este caso, la autoridad no emitió una resolución per se, pero su inacción se equipara a una omisión deliberada que favoreció la permanencia de la ocupación, lo que, según el sindicato, constituye un delito.
Manos Limpias solicitó que se abran diligencias penales para investigar las decisiones adoptadas por el delegado, su obligación legal de hacer cumplir la normativa y los perjuicios ocasionados tanto al interés público como a los comercios y usuarios de la zona. El sindicato advirtió que, de iniciarse la investigación, convertiría la denuncia en una querella formal.
Reacción del delegado y contexto de la protesta
Tras la presentación de la querella, Francisco Martín pidió a la justicia «protegerse de la ultraderecha» y calificó la acción contra él como una campaña ideológica. El delegado señaló que la ocupación había comenzado como una manifestación pacífica, pero que la falta de una orden judicial clara complicó la respuesta administrativa.
La protesta, promovida por el Sindicato de Inquilinos bajo el lema «Acampada en Sol por el derecho a la vivienda», buscaba presionar a la administración para que abordara el problema del alquiler abusivo y los desahucios. Sin embargo, la ocupación provocó problemas de salubridad alteró la circulación y generó reclamaciones de los comercios cercanos, quienes denunciaron pérdidas económicas y dificultades logísticas.
Las autoridades municipales manifestaron su intención de buscar una solución que equilibrara el derecho a la protesta con el cumplimiento de la normativa urbanística. Mientras tanto, la Justicia determinará si la inacción del delegado puede considerarse prevaricación por omisión o si existen factores atenuantes que justifiquen la falta de intervención inmediata.
