Amnistía Internacional documenta nuevas agresiones de militares a migrantes en Ceuta y critica la falta de acción del Ministerio de Defensa.
Desde que se intensificó la llegada masiva de personas que cruzan la frontera marroquí, Ceuta se ha convertido en un foco de tensión social y de denuncias de violaciones de derechos humanos. La presencia de militares en las calles ha generado una serie de confrontaciones que, según los informes de organizaciones internacionales, van más allá de la mera vigilancia.
En este contexto, Amnistía Internacional ha vuelto al terreno para recopilar pruebas de lo que describen como un patrón de violencia contra quienes duermen en la vía pública.
El Ministerio de Defensa anunció hace más de un mes la apertura de una investigación tras la publicación de los primeros testimonios.
Sin embargo, la organización no ha percibido cambios tangibles; al contrario, ha registrado nuevos incidentes que ponen en evidencia una impunidad persistente. La falta de información oficial y la ausencia de acciones concretas alimentan la desconfianza de la población migrante y de la comunidad internacional.
Nuevos episodios documentados por Amnistía Internacional
Durante una visita reciente, la ONG recabó 18 casos adicionales de palizas, descargas de taser y agresiones con porra, cometidos entre el 1 de octubre y el 24 del mismo mes. Las víctimas, que dormían en distintos puntos de la ciudad, fueron despertadas a golpes y sometidas a ataques que dejaron fracturas en extremidades, contusiones en la zona ocular y heridas compatibles con el uso de porras. La mayoría de los hechos se registró en la noche, cuando los migrantes estaban más vulnerables.
Los investigadores respaldaron sus hallazgos con testimonios directos, imágenes y vídeos, así como con partes médicos que confirman la gravedad de las lesiones. Conforme a la evidencia recabada, los soldados actúan con una violencia desmedida, usando incluso descargas eléctricas contra personas que se encuentran indefensas. El informe subraya que, pese al anuncio de una investigación, los abusos continúan sin que se haya identificado a ningún militar como sospechoso.
Testimonios de los migrantes agredidos
Entre los relatos más impactantes se encuentra el de R., padre de tres hijos, que asegura haber recibido varias descargas de un dispositivo taser en el pecho mientras dormía en la carretera de Sidi Embarek el 24 de octubre. Según su versión, el impacto lo dejó aturdido, vomitando y sin posibilidad de recibir atención médica. Otro caso, el del tunecino M., describe cómo cuatro soldados le propinaron puñetazos en la cara en la playa de Benítez, causándole un hematoma que le dejó ciego de un ojo durante dos semanas. Además, Z., de 17 años, relata haber sido golpeado con porras en la cabeza en dos ocasiones distintas durante la misma semana, lo que le dejó múltiples heridas y vendajes en las piernas.
Los testimonios coinciden en señalar el uso de linternas para desorientar, la aplicación de spray de pimienta y la amenaza constante de represalias si se denunciaba lo ocurrido. Muchos describen noches de insomnio, temiendo ser despertados a patadas o descargas, y relatan que, en algunos casos, los propios soldados les prohibieron abandonar el lugar o les obligaron a abandonar sus pertenencias más básicas.
Falta de respuestas oficiales y consecuencias jurídicas
A pesar de la presión pública, el Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Margarita Robles, no ha presentado pruebas de que se haya apartado a ningún integrante del ejército ni se haya garantizado la protección de víctimas y testigos. La ONG señala que, tras dirigirse a la Fiscalía y al propio Ministerio, no cuenta con constancia de investigaciones individuales ni de medidas cautelares. Esta ausencia de acción se traduce en la continuidad de los abusos y en la perpetuación de un clima de intimidación y “tortura” que vulnera normas de derecho internacional.
Paralelamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil han intensificado su presencia en las redadas migratorias, sustituyendo la labor de patrullaje de los soldados. No obstante, la ONG también denuncia que en algunos casos agentes de estas fuerzas han participado en actos de violencia, lo que requiere una investigación exhaustiva. Además, la organización ha alertado sobre la criminalización de organizaciones humanitarias que prestan asistencia a los migrantes, como la asociación No Name Kitchen, cuya sede fue registrada judicialmente en octubre, dificultando aún más la ayuda a los vulnerables.
