Amnistía señala tortura de migrantes por la Legión en Ceuta; partidos y policías reaccionan y emergen audios de agresiones militares.
El pasado 30 de septiembre, el programa Las Mañanas de RNE recibió a Daniel Canales, responsable del informe de Amnistía Internacional que acusa a la Legión y a los Regulares de haber practicado tortura contra migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta.
Ante las graves declaraciones del activista, el conductor Juan Ramón Lucas indagó si los hechos podían encuadrarse en la definición legal de tortura, a lo que Canales respondió afirmativamente, aludiendo a la „brutalidad objetiva“ y a las humillaciones documentadas.
El informe de Amnistía y la cronología de los hechos
Canales y otro colaborador llegaron a Ceuta el 10 de septiembre y pasaron cinco días recopilando testimonios y material audiovisual. El informe se publicó con rapidez, basándose en fotografías sin contexto y en los relatos de dos adolescentes que, según críticos, resultan poco convincentes. El propio documento describe golpes, heridas en la cabeza y en piernas, y supuestas humillaciones, pero no aporta pruebas claras que permitan identificar quién infligió cada lesión. La urgencia de la publicación coincidió con la decisión del Gobierno de trasladar a los militares heridos al Hospital Gómez Ulla y de abrir investigaciones sobre las denuncias de palizas a migrantes.
Reacciones políticas y sindicales
Tras la emisión en RNE, la portavoz de Sumar Verónica Barbero, acusó a la defensa de ser cómplice de vulneraciones de derechos humanos, mientras el secretario general del PCE, Enrique Santiago, aseguró que el mando militar conocía los lugares y los responsables de los hechos. Por otra parte, la Confederación Española de Policía (CEP) respondió a una denuncia de Amnistía sobre la represión en la Universidad Complutense, calificando las críticas como “lecciones desde una cómoda sede”. El sindicato recordó que los agentes sólo emplean porras contra conductas violentas, y cerró con un polémico mensaje: “Tapaos un poco, que se os ve venir de lejos”.
Grabaciones que confirman la brutalidad
Audios obtenidos el 21-22 de septiembre, durante una guardia junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), revelan a varios soldados riéndose mientras describen agresiones sin justificación. Uno de ellos comenta que “sin guantes mola más, porque suena”, y otro narra cómo engañó a dos migrantes para golpearlos detrás de un vehículo. Las grabaciones incluyen bromas sobre “pruebas estilo Saw” y admiten que evitar escuchar a los migrantes les ayuda a no sentir empatía. Estas evidencias impulsaron al Ministerio de Defensa a remitir el informe de Amnistía al poder judicial y a iniciar una investigación interna.
Denuncias ante el Defensor del Pueblo y el panorama humanitario
Desde agosto, más de una decena de organizaciones –entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y la Asociación Elín– presentaron una queja al Defensor del Pueblo por supuestas vulneraciones del derecho de asilo en Ceuta. Señalan deficiencias como la falta de información clara sobre la solicitud de protección, registros incorrectos, escasa traducción y plazos de recurso extremadamente reducidos, lo que facilita devoluciones antes de que los solicitantes puedan ejercer su defensa. Entre los casos citados, dos grupos de 14 y 15 personas procedentes de Sudán y Chad fueron devueltos a Marruecos a finales de septiembre, pese a la grave situación de conflicto en sus países de origen.
Violencia contra guardias y manifestantes
Los incidentes de violencia no se limitan a Ceuta. El 27 de agosto, un grupo de 30-40 personas asaltó un vehículo del Ejército en la zona de Benzú, lanzando piedras de gran tamaño y hiriendo a varios militares. El sindicato JUPOL alertó de la presencia de explosivos caseros. En la Universidad Complutense, el 14 de octubre, la Policía Nacional empleó porras contra manifestantes que portaban pancartas pacíficas, provocando al menos cinco detenciones y heridas leves a dos agentes. Amnistía denunció “uso excesivo de la fuerza”, mientras la CEP defendió la actuación policial.
En conjunto, estos hechos dibujan un panorama de tensiones crecientes en la frontera sur española, donde denuncias de tortura, respuestas políticas encendidas y pruebas audiovisuales de agresiones militares generan un debate intenso sobre los límites del uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.
