Estados Unidos pone bajo presión a la CPI tras el Nobel a Pillay, mientras la comunidad internacional protesta.
El viernes 9 de octubre de 2026, pocas horas después de que la exjueza sudafricana Navi Pillay fuera laureada con el Nobel de la Paz el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló un nuevo paquete de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, se inscribe dentro de una campaña de varios años que ya había castigado a 17 funcionarios del tribunal.
Rubio describió la acción como una defensa de la soberanía nacional y acusó a la CPI de “amenazar” a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo y a dirigentes políticos.
En un video difundido en redes, el funcionario afirmó que “Estados Unidos nunca se ha unido a la Corte, no la necesitamos y no la queremos”, recordando que tanto republicanos como demócratas habían rechazado históricamente la jurisdicción del órgano sobre americanos.
Las sanciones anunciadas por Washington
El comunicado oficial indicó que se prohibirán todas las transacciones financieras y comerciales entre entidades estadounidenses y la CPI, con el objetivo de “cortar sus recursos y paralizar su capacidad de actuar contra nosotros”. Además, se incluirá a la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, en la lista negra, sumándose a otras figuras sancionadas en agosto pasado. Rubio dejó claro que, si la Corte no “pone fin a sus amenazas”, Estados Unidos “acabaría con la CPI”.
Como parte de la estrategia, Washington concedió un plazo de seis meses antes de que las restricciones entren en vigor, esperando que los 125 países miembros demuestren acciones concretas para abordar las “preocupaciones estadounidenses”. La ventana temporal es vista como una oportunidad para el diálogo, aunque la retórica oficial sugiere una postura inflexible.
Reacciones de la comunidad internacional
El anuncio provocó una oleada de críticas. La Comisión Europea describió las sanciones como “lamentables” y aseguró que la Unión está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la CPI continúe investigando y juzgando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido emitieron declaraciones de “profundo desacuerdo” con la medida.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, calificó la decisión estadounidense como “inaceptable”. Amnistía Internacional lanzó un llamado a “resistir el ataque” y defender la independencia del tribunal. Por su parte, Israel elogió la medida, argumentando que la CPI era un organismo “político que amenaza la soberanía de las democracias”.
En La Haya, el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, explicó que la sanción no surtirá efecto inmediato y que el periodo de gracia brinda tiempo para buscar una solución diplomática. Jetten subrayó que, de ser necesario, el gobierno holandés está preparado para tomar “las medidas pertinentes” para garantizar el funcionamiento del tribunal.
Respuesta de la Corte y el plazo de seis meses
La Corte Penal Internacional rechazó rotundamente las sanciones, describiéndolas como “un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional”. En un comunicado, la institución recordó que su creación se basó en un tratado internacional suscrito por 125 estados y reiteró que “nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia”.
El tribunal advirtió que la historia juzgará este momento y exhortó a sus miembros a adoptar medidas concretas para garantizar su operatividad. A pesar del embargo, la CPI señaló que continuará con sus investigaciones, incluida la que implica a militares estadounidenses en Afganistán y a funcionarios israelíes por presuntos crímenes en Gaza.
El plazo de seis meses, aunque presentado como una oportunidad de negociación, ha generado incertidumbre entre los países miembros, que temen que la presión económica pueda afectar la capacidad de la Corte para financiar sus procesos judiciales. Mientras tanto, la comunidad internacional parece dividida: la mayoría clama por la defensa del tribunal, mientras que algunos aliados tradicionales de EE. UU. mantienen una postura más conciliadora.
La medida, motivada por la percepción de una amenaza a la soberanía nacional, ha despertado una reacción coordinada de la UE, la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre las consecuencias de socavar el principio de que nadie está por encima de la ley. El desenlace dependerá de si las partes logran un acuerdo dentro del plazo concedido o si la confrontación se intensifica, poniendo en juego el futuro de la justicia penal internacional.
