El Tribunal Supremo mantiene sentencias de diez años de cárcel en dos delitos graves, imponiendo multas millonarias y estrictas prohibiciones de acercamiento.
En los últimos meses el Tribunal Supremo ha confirmado dos sentencias que marcan precedentes en materia de violencia extrema. En una, se ratificó la pena de diez años de prisión contra un habitante de Zizur Mayor que, el 20 de marzo de 2024, disparó contra su conocido dejando al agraviado parapléjico.
En la otra, se confirmó una condena de diez años y nueve meses para un progenitor que abusó sexualmente de su hijo menor durante visitas realizadas entre 2015 y 2016 en Palma.
Sentencia por homicidio en Zizur Mayor
El acusado, identificado como J.R.U., de 52 años, fue detenido de forma provisional el mismo día del atentado y, tras el proceso en la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Supremo mantuvo la condena a diez años de prisión.
La pena incluyó, además, una indemnización de 3 millones de euros a favor de la víctima, A.M.M., quien sufrió una lesión en la espalda que le dejó parapléjico.
Detalles del atentado y la condena
Según la resolución, el agresor salió de su domicilio y se dirigió a la calle Santa Cruz de Ardoi, donde esperó a su objetivo. Cuando la víctima estuvo lo suficientemente cerca, realizó dos disparos sorpresivos contra la pierna derecha y, al intentar huir, le siguió a pie disparando tres veces más; dos balas lo alcanzaron, una en el abdomen y otra en la espalda, última de las cuales provocó la parálisis. La rápida intervención policial y la atención médica inmediata evitaron una muerte segura, pues las heridas podían haber sido letales.
El Tribunal describió el hecho como alevosía resaltando la intención clara de acabar con la vida del agraviado y la falta de posibilidad de defensa. Además, el procesado fue diagnosticado con trastorno dual de la personalidad y consumo de alcohol, cannabis y estimulantes, lo que provocó una atenuante de un año por afectación psíquica, rebajando la pena inicialmente prevista de 11 a 10 años.
Como medida complementaria, J.R.U. quedó impedido de acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante los próximos 20 años y, una vez cumplida la pena privativa, deberá cumplir una fase de libertad vigilada de diez años.
Sentencia por agresión sexual en Palma
El segundo caso involucra a un hombre que viajaba desde Madrid a Palma cada dos semanas entre 2015 y 2016 para pasar tiempo con su hijo menor, cuya edad oscilaba entre los cinco y siete años. Durante esas visitas, el acusado realizó toques sexuales mostró material pornográfico y, en algunos episodios, practicó penetración, configurándose la figura de agresión sexual continuada.
Hechos probados y medidas impuestas
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la defensa, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia y supuesta contaminación del testimonio infantil. La sentencia confirmó la condena de diez años y nueve meses de prisión, además de una prohibición de acercarse a menos de 500 metros del menor y de comunicarse con él durante 11 años y nueve meses. Asimismo, el agresor debe pagar una indemnización de 20 000 euros a la víctima por los daños psicológicos provocados.
El menor requirió alrededor de cuarenta sesiones de terapia psicológica para tratar pesadillas y trastornos emocionales derivados del abuso. La decisión del Supremo cierra la vía de recurso ordinaria, dejando firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Ambas resoluciones subrayan la política judicial española de castigar con severidad los delitos que ocasionan gravísimas secuelas a las víctimas, combinando penas privativas, indemnizaciones equiparables y medidas de protección a largo plazo.
