El Supremo cierra la puerta al voto de los nuevos españoles de la ley de nietos justo antes de las elecciones.
El pasado lunes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitió su fallo definitivo: se mantiene la suspensión cautelar del derecho al sufragio para todos aquellos que adquirieron la ciudadanía española mediante la instrucción de desarrollo de la conocida ley de nietos.
La decisión se produce a escasos días de la convocatoria electoral del 29 de noviembre y después de que el Gobierno, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaran la revocación de la medida.
Fundamentos de la decisión judicial
El magistrado ponente recordó que, aunque el sufragio es un derecho fundamental, no es absoluto y puede estar supeditado a intereses generales, entre los cuales destaca la necesidad de garantizar la veracidad y transparencia del censo electoral. Según el Tribunal, la medida cautelar adoptada el 10 de septiembre evita que se constituya un Censo de Residentes Ausentes (CERA) con errores que vulnerarían los principios de igualdad y objetividad que exige cualquier proceso democrático.
El alto tribunal subrayó que, en ausencia de tiempo suficiente para revisar individualmente los expedientes de casi medio millón de nuevos ciudadanos, cualquier inclusión apresurada podría generar graves irregularidades. Por ello, se mantendrá la exclusión de voto tanto para los que aún no hayan completado su inscripción en el CERA como para los ya inscritos, salvo los que presenten una certificación consular que acredite su condición de descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, tal y como dispone la Ley de Memoria Democrática.
Repercusiones en el electorado y respuestas políticas
Según los datos oficiales, más de 500.000 personas obtuvieron la nacionalidad española a través de la ley de nietos durante 2026; de ese total, 369.017 están registrados en el CERA. El censo quedó cerrado el 1 de agosto y permanecerá accesible para consultas y alegaciones hasta el 19 de octubre. En ese intervalo, los afectados pueden presentar recursos, aunque la medida del Supremo ya limita sus posibilidades para la elección del 29N.
El pedido de suspensión fue impulsado por Vox e Iustitia Europea que argumentaron que la inclusión de estos nuevos electores vulneraba la igualdad del proceso. El Partido Popular, por su parte, describió la medida como una «ingeniería electoral» y acusó al Gobierno de «fabricar votantes». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez calificó la actuación del Supremo de «intento de atropello» y defendió que los nacionalizados ya habían ejercido su derecho al voto en elecciones anteriores.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska anunció que el Gobierno estudiará, a través de la Abogacía del Estado, si la cautelar constituye una resolución definitiva y, de ser así, si procede su recurso ante el Tribunal Constitucional. «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos», comentó en una rueda de prensa celebrada durante la Fiesta Nacional.
El Tribunal Supremo dio a las partes un plazo improrrogable de dos días para presentar sus alegaciones finales, lo que deja a los tribunales un estrecho margen antes de que finalice el período de impugnación del CERA, actualmente 444.000 personas más que en las elecciones pasadas. La Fiscalía, alineada con la Abogacía del Estado, solicitó que se levante la prohibición para evitar una «suspensión continua y progresiva de altas en el censo».
Mientras tanto, los movimientos judiciales siguen en marcha. Si el Gobierno considera que la resolución del Supremo es definitiva, podría elevar el caso al Tribunal Constitucional. En caso de que éste admita el recurso, se abriría un nuevo capítulo que podría repercutir en la configuración del electorado para las elecciones del 29 de noviembre.
