Los disturbios de octubre en Barcelona movilizaron a menores, provocaron decisiones judiciales y despiertan una alerta policial para el 31 de octubre.
El sábado 24 de octubre el centro de Barcelona se vio envuelto en una oleada de saqueos y actos vandálicos que dejaron a decenas de comercios sin escaparates y obligaron a la intervención de los Mossos d’Esquadra. Según los datos oficiales, 130 personas fueron puestas a disposición judicial, de las cuales 76 eran menores.
La magnitud del hecho impulsó una respuesta rápida del sistema judicial y una investigación policial centrada en los organizadores digitales.
Comparencia de los menores y medidas judiciales
Entre el domingo y el lunes los menores detenidos comparecieron ante la jueza de menores, acompañados por sus progenitores.
Durante la audiencia la magistrada reprendió a los padres, recordándoles que la verdadera prevención reside en conocer la ubicación y actividades de sus hijos. Se dictaron seis internamientos para los casos más graves y veinte medidas de libertad vigilada para el resto, acompañadas de una prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de cualquier concentración o manifestación. La intención es impedir su participación en la convocatoria prevista para la noche del 31 de octubre, coincidida con Halloween.
El papel del grupo Blocus y la respuesta policial
Una pieza clave del entramado fue el canal de Telegram denominado Blocus BCN. Desde ese espacio se difundieron instrucciones para reunirse en un punto aún no revelado, y se recomendó a los participantes usar máscaras y guantes con el fin de evadir la identificación policial. El mensaje explícito del grupo era «saquear a los ricos, no insultarse». La investigación de los Mossos, apoyada por la Comisaría General de Información, rastrea los perfiles vinculados, los códigos QR difundidos en TikTok y los chats de WhatsApp que servían de puente. Hasta la fecha no se ha identificado a un cabecilla visible; la lógica operativa se basa en estructuras anónimas y contenido generado por inteligencia artificial.
Preocupación de comerciantes y medidas preventivas para el 31 de octubre
Los propietarios de locales en el Eixample y el Barrio Gòtic expresaron su temor ante una posible repetición el 31 de octubre. Solicitan al ayuntamiento, a la Guardia Urbana y a los Mossos que establezcan mecanismos de alerta anticipada para poder reforzar la seguridad antes de que se desencadene cualquier acción violenta. En Sants, agentes de la Guardia Urbana avisaron a los comerciantes sobre una concentración anunciada en Hostafrancs; finalmente, la convocatoria quedó vacía. No obstante, el día anterior a la comparencia de los menores, los operarios continuaron reparando los escaparates destrozados, mientras la justicia mantenía a la mayoría de los detenidos en libertad bajo condiciones restrictivas.
Contexto político y judicial sobre la persecución de los promotores
La consellera de Interior, Núria Parlon, subrayó la necesidad de que las familias estén al tanto de las actividades de sus hijos y pidió el cierre judicial de los grupos de mensajería que incitan a la violencia. Los Mossos han solicitado a las plataformas la colaboración para revelar las identidades camufladas que gestionan los mensajes masivos. Aunque el PSC ha apuntado a la extrema derecha como posible impulsora, la consejera ha preferido no atribuir públicamente la autoría y ha dejado el tema en manos de la investigación. El juzgado de instrucción número 14 de Barcelona será el encargado de autorizar, si procede, la identificación de los usuarios más activos.
Los disturbios de octubre revelan una nueva forma de protesta que combina tecnología digital y violencia callejera, poniendo a prueba tanto a la justicia como a la capacidad operativa de la policía. La expectativa se concentra ahora en la noche del 31 de octubre, cuando la combinación de jóvenes organizados y redes sociales podría volver a transformar las calles de Barcelona en un escenario de conflicto.
