Amnistía Internacional confirma 50 casos de violencia contra inmigrantes en Ceuta, incluidos tazer y palizas, y alerta sobre la impunidad
Durante las últimas semanas, Amnistía Internacional ha ampliado su informe sobre los hechos denunciados en la ciudad autónoma de Ceuta, elevando el número de incidentes documentados a cincuenta. Las acusaciones recogen agresiones cometidas por miembros de los militares –sobre todo de la unidad de Regulares–, así como por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los relatos de las víctimas, los partes médicos y el material audiovisual recabado en el terreno revelan un patrón de violencia que persiste a pesar del anuncio del Ministerio de Defensa de iniciar una investigación interna.
Denuncias y pruebas recopiladas
La investigación de campo, realizada entre el 23 y el 26 de octubre, incorpora 28 casos nuevos que se suman a los 22 inicialmente publicados. De los cincuenta episodios, dieciocho se produjeron después del 30 de septiembre, fecha en la que Amnistía Internacional emitió su primera alerta. Las agresiones incluyen palizas con puños, patadas, golpes de porra y descargas de arma táser, provocando fracturas de extremidades, lesiones orbitarias, hematomas lumbar-torácicos y abrasiones graves compatibles con el uso de objetos rígidos.
Testimonios reveladores
Los testimonios recabados describen ataques nocturnos en los lugares donde los migrantes duermen en la calle. R., padre de tres hijos, relata que una madrugada del 24 de octubre sintió el contacto de un tazer en el pecho, recibió varias descargas que le dejaron aturdido y, al intentar levantarse, cayó al suelo sin recibir atención médica. M., de 40 años, contó que a las siete de la mañana en la playa de Benítez fue rodeado por cuatro soldados que le lanzaron puñetazos en la cara, causándole un hematoma que le cegó un ojo durante dos semanas. H., de 27 años, describió una emboscada en un callejón cercano a un supermercado, donde recibió porras, patadas, puñetazos y spray pimienta, quedando tendido hasta que una ONG lo socorró y lo trasladó al hospital.
Los menores tampoco están exentos. Z., de 17 años, fue golpeado en la cabeza con una porra en dos ocasiones distintas, acumulando diez puntos de sutura; M., de 15 años, sufrió una tentativa de rotura de pierna y la destrucción de su teléfono móvil, su único medio de contacto con su familia, bajo la amenaza de que el daño aumentaría si hablaba.
Respuesta institucional y la ausencia de medidas efectivas
Tras la publicación de la primera denuncia, el Ministerio de Defensa comunicó la apertura de una investigación interna y la remisión de los casos a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Sin embargo, Amnistía Internacional señala que, a la fecha, no se ha identificado a ningún militar concreto, ni se ha apartado a los presuntos implicados de sus tareas. La organización también destaca la falta de información recibida del Gobierno y la ausencia de garantías para proteger a víctimas y testigos de represalias.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, advierte que la continuidad de los malos tratos evidencia una impunidad estructural. “Los agresores no parecen haber sido separados de sus puestos y, en muchos casos, amenazan a las mismas personas que los identifican”, afirmó, añadiendo que muchos migrantes viven con temor constante a ser despertados a golpes durante la noche.
Impacto en menores y perspectivas de futuro
Los menores no acompañados constituyen un punto álgido del informe. Los relatos de Z. y M. revelan que, además de los golpes físicos, se producen robos de documentos y objetos personales, así como amenazas verbales que buscan silenciar cualquier denuncia. La organización ha puesto en tela de juicio la actuación policial durante el operativo en la sede de la ONG No Name Kitchen, donde se acusó a la autoridad de crear una escalada para “acallar” a los trabajadores humanitarios.
Ante la falta de avances, Amnistía Internacional solicita una investigación exhaustiva, imparcial y con la sospecha de apartar cautelarmente a los militares involucrados, así como la apertura de procesos penales y disciplinarios. Mientras tanto, los migrantes continúan durmiendo en la calle bajo la sombra de posibles agresiones, y la comunidad internacional mantiene la mirada sobre Ceuta, esperando respuestas que pongan fin a lo que la ONG califica como “crimen de derecho internacional”.
