Maricarmen Abascal muere tras un desahucio que encendió la protesta nacional y aviva el debate habitacional.
El pasado miércoles 7 de octubre el Hospital Gregorio Marañón confirmó el fallecimiento de Maricarmen Abascal la anciana de 87 años cuya expulsión del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda provocó una oleada de manifestaciones en todo el país.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid emitió un comunicado anunciando la muerte y describiendo el proceso judicial que la llevó al hospital como «torturante» y «totalmente evitable«.
Fallecimiento y último episodio del desahucio
El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre, tras un litigio que remontaba al contrato de alquiler firmado por su padre en 1956.
La orden judicial obligó a los agentes a retirar a la mujer de su vivienda mientras cientos de vecinos observaban desde la calle. Maricarmen, con movilidad reducida, fue trasladada en camilla a una ambulancia y admitida en el mencionado hospital, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
Durante los días posteriores, los representantes de la arrendadora Urbagestin Desarrollo e Inversión SL y la familia de la víctima llegaron a un acuerdo que habría permitido a Maricarmen regresar a su hogar una vez dada de alta. Sin embargo, el tiempo resultó insuficiente y la anciana nunca pudo volver a la puerta que había habitado durante más de siete décadas.
Reacciones institucionales y partidarias
El fallecimiento provocó una avalancha de condolencias y acusaciones desde todos los extremos del espectro político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez expresó su pesar y envió un «fuerte abrazo» a las familias afectadas. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal denunció que «han matado a Maricarmen» y acusó al Ejecutivo de usar su sufrimiento como herramienta de campaña.
Otros portavoces también se pronunció: Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, envió un mensaje contundente; María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, pidió que el caso no quede «solo como símbolo»; y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo admitió que la noticia le dejó «un nudo en el estómago». Incluso el presidente del Congreso, Francina Armengol y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ofrecieron sus respetos y condenaron cualquier uso político del dolor de la anciana.
Consecuencias políticas y el futuro del debate habitacional
El caso Maricarmen marcó la creación de dos reales decretos sobre vivienda, popularmente denominados «Decretos Maricarmen», que buscaban limitar los desahucios y frenar el rentismo. Ambos textos fueron rechazados por el Congreso, lo que desencadenó la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Además, los sindicatos CCOO y UGT anunciaron una huelga general de 24 horas en protesta por la crisis de la vivienda.
Desde la perspectiva del Sindicato de Inquilinas, la muerte de Maricarmen constituye «un antes y un después» en la lucha por el derecho a una vivienda digna. La abogada de la familia, Beatriz Duro sostuvo que si el desahucio hubiese sido suspendido, la tragedia podría haberse evitado, y reiteró la necesidad de ofrecer alternativas habitacionales a los vulnerables. La memoria de Maricarmen, según el propio sindicato, quedará presente como un símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria y el rentismo desmedido.
