El Ejecutivo presenta un paquete con recortes fiscales en carburantes y luz, ayudas a sectores vulnerables, devolución parcial del escudo social y mayor control de márgenes comerciales
Ante el impacto de la escalada de tensión en Oriente Medio, el Ejecutivo ha presentado un amplio paquete de respuesta que suma 80 medidas y un coste aproximado de 5.000 millones de euros. El presidente ha anunciado que las medidas entran en vigor de forma inmediata y que el decreto se someterá a convalidación en el Congreso.
En su defensa, el jefe del Gobierno lo calificó como el «mayor escudo social y económico de toda la UE» y avisó de que el paquete permanecerá vigente el tiempo necesario, con la posibilidad de ampliarlo si la situación se complica.
Contenido del paquete
El texto combina actuaciones coyunturales para contener subidas inmediatas de precios con estímulos más estructurales. Entre las disposiciones figuran reducciones fiscales, ayudas dirigidas a sectores clave, incentivos para la eficiencia energética y mecanismos para proteger a consumidores vulnerables. El Ejecutivo también ha incluido una disposición para reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y vigilar los márgenes comerciales, con el objetivo de evitar aprovechamientos especulativos en un contexto de crisis.
Medidas sobre carburantes
En el surtidor, el Gobierno ha decidido bajar el IVA de los carburantes del 21% al 10% y reducir el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo legal, lo que se traduce, según el Ejecutivo, en una disminución efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del combustible, es decir, alrededor de 20 euros por depósito. Además, se establece una ayuda específica de 20 céntimos por litro para profesionales del transporte y del sector agrario, y se plantea facilitar el acceso a fertilizantes para paliar el encarecimiento asociado a la guerra.
Medidas en la factura eléctrica y el gas
La batería de medidas para la energía contempla una rebaja fiscal cercana al 60% del impacto tributario en la factura de la luz: reducción del IVA del 21% al 10%, recorte del impuesto especial eléctrico del 5% al 0,5% (mínimo legal) y suspensión temporal del impuesto a la producción que pagan las generadoras. Se complementa con la congelación del precio máximo del gas butano y propano, y la reducción del IVA del gas natural, los pellets y la leña al 10%. En paralelo, se anuncian deducciones en el IRPF para fomentar la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y bombas de calor, así como ayudas para la adaptación de edificios.
Apoyo social y vivienda
El paquete también recupera parte del llamado escudo social que había decaído: se restablecerá la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables y se ampliará el bono social eléctrico para beneficiar a hogares con menos recursos. De forma separada, y tras la presión de Sumar dentro de la coalición, el Gobierno ha aprobado un segundo texto para congelar el precio de los alquileres durante los próximos dos años, una medida que se tramita por vía distinta y que motivó tensiones en el Consejo de Ministros.
Supervisión, coste y calendario
Una de las novedades del decreto es el refuerzo de la capacidad supervisora de la CNMC para vigilar descuentos, stocks y márgenes comerciales, con el fin de impedir prácticas abusivas que pudieran neutralizar el efecto de las ayudas. El paquete, con un impacto estimado en torno a 5.000 millones, ha sido presentado como inmediato en su aplicación y será sometido a la convalidación parlamentaria la semana siguiente. El presidente ha defendido que cada euro del plan debe revertir en los contribuyentes y ha dejado abierta la posibilidad de ampliar las medidas si la crisis energética se intensifica.
Reacciones y perspectivas
La respuesta política y social ha sido variada: sindicatos como la UGT han valorado la rapidez de la reacción pero la consideran insuficiente en materia de vivienda y ayudas directas a hogares vulnerables. La patronal de concesionarios Faconauto ha destacado como clave la deducción en el IRPF para incentivar la electrificación y la instalación de cargadores. Organizaciones agrarias han visto positivas las ayudas para fertilizantes y gasóleo, si bien advierten que serían insuficientes si la crisis se prolonga. Mientras tanto, las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme han mostrado preocupación por las medidas que afectan al mercado del alquiler y la propiedad.
