Los tribunales registran un fuerte incremento de los concursos de acreedores y las ejecuciones hipotecarias en 2026, mientras los desalojos efectivos retroceden gracias a mecanismos de protección
El mapa judicial de 2026 revela tensiones crecientes en la economía doméstica española. Según el Consejo General del Poder Judicial, los procedimientos por insolvencia y por impago de préstamos han escalado con fuerza, mientras que los desalojos han registrado una moderada reducción.
Estas cifras permiten leer con detalle cómo la situación financiera de las familias y de las microempresas está repercutiendo en los juzgados y qué medidas procesales y normativas están amortiguando, de forma parcial, las consecuencias más visibles.
Las cifras ofrecen una doble lectura: por un lado, un incremento notable de las solicitudes de concurso y de ejecuciones hipotecarias; por otro, una contención relativa de los lanzamientos efectivos por la aplicación de instrumentos de protección y por cambios procesales.
En este contexto, territorios como Catalunya, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana concentran buena parte de la actividad judicial.
El crecimiento de los concursos de acreedores y quiénes lo protagonizan
En 2026 se registraron 74.739 concursos, un incremento del 30% respecto al año anterior. La mayor parte de ese aumento corresponde a personas físicas sin actividad empresarial, que explican la abrumadora mayoría de los procedimientos. Este desplazamiento de la vulnerabilidad hacia los hogares se relaciona con la mayor utilización de herramientas como la ley de la Segunda Oportunidad, que facilita la exoneración de deudas para particulares, y con la oferta de servicios jurídicos que han impulsado su uso.
En paralelo, los concursos de empresas y de pequeños empresarios descendieron en términos agregados, reflejando una diferencia de ritmo entre el tejido productivo y las economías domésticas. Además, el informe incorpora por primera vez procedimientos especiales para microempresas, diseñados para agilizar trámites por vía digital, una novedad que se ha traducido en miles de registros específicos.
Hipotecas y lanzamientos: tensiones opuestas
Las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 35,6% hasta situarse en 31.416 procedimientos en 2026, una señal clara de la pérdida de capacidad de pago de muchas familias ante el encarecimiento del crédito. Esta escalada afecta a todas las comunidades autónomas, aunque con intensidades distintas: Catalunya lidera el número absoluto de ejecuciones, seguida por Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid.
Por contraste, los lanzamientos practicados descendieron un 11%, hasta unos 25.450 desalojos en total. Este retroceso se explica porque la mayoría de los lanzamientos obedecen a impagos de alquiler —procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos— y porque se están aplicando mecanismos procesales y sociales que retrasan o impiden la ejecución inmediata del desalojo.
La Comunitat Valenciana: variaciones locales
En la Comunitat Valenciana el número de concursos aumentó un 17,7%, con 8.376 procedimientos ingresados en 2026. La subida se concentra en las personas naturales no empresarias (+21,6%), mientras que los concursos de personas jurídicas se mantuvieron prácticamente estables y los de personas naturales empresarios disminuyeron de forma notable. En materia de lanzamientos, la Comunitat redujo los desalojos un 17,1%, con una caída especialmente marcada en las ejecuciones hipotecarias.
Medidas de protección y efectos territoriales
Por primera vez las estadísticas registran la suspensión de lanzamientos por razones de especial vulnerabilidad. En el cuarto trimestre de 2026 se documentaron miles de peticiones relacionadas con esta protección y los órganos judiciales resolvieron la mayoría de los expedientes. Según las cifras oficiales, alrededor del 8% de las solicitudes de suspensión se paralizaron, una muestra de que los marcos legales y las medidas sociales están activando una red de contención.
Impacto por comunidades y lectura general
Territorialmente, Catalunya concentra el mayor volumen de procedimientos concursales y de ejecuciones hipotecarias, seguida por Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. Esta distribución refleja no solo la población y la actividad económica, sino también los focos donde la presión financiera se traduce con mayor rapidez en litigios. En conjunto, el aumento de la insolvencia personal y de las ejecuciones hipotecarias dibuja un escenario de fragilidad para muchas familias, mientras que la reducción de los desalojos por aplicación de medidas de protección evita, por ahora, un deterioro social más abrupto.
El ritmo y la sostenibilidad de este equilibrio dependerán de la evolución económica y de la eficacia de las políticas públicas que articulen apoyo a los hogares y faciliten soluciones para pequeñas empresas. Los tribunales, con sus estadísticas, actúan como un indicador adelantado de esas tensiones y de la respuesta institucional ante los retos que señala la crisis financiera doméstica.
