Un defecto en la gestión de los plazos de instrucción podría invalidar pruebas y actuaciones en una macrocausa contra una trama de fraude con criptomonedas que habría estafado más de 10 millones de euros a 700 personas.
La pesquisa que arrancó en enero de 2018 a partir de la denuncia de un vecino de La Seu d’Urgell, estafado en más de 8.000 euros a través de una web de inversión en criptomonedas, ha acabado transformándose en una macrocausa que investiga un posible fraude millonario.
Tras años de actuaciones, la causa ha sido asumida por la Audiencia Nacional, pero un fallo en la gestión de los plazos de instrucción amenaza ahora con dejar sin efecto buena parte del trabajo acumulado.
Las defensas sostienen que el plazo inicial de instrucción venció en julio de 2026 y que la solicitud de prórroga prevista por la Ley 2/2026 se presentó fuera de tiempo: la Fiscalía pidió la extensión el 31 de agosto y el auto que la autorizó no se firmó hasta el 10 de septiembre.
El propio Ministerio Público reconoció en escritos de finales de 2026 que las diligencias practicadas después del vencimiento carecerían de cobertura legal, según han argumentado las defensas.
Qué está en juego
En el centro del conflicto procesal está la petición de nulidad que han presentado las representaciones de los principales investigados ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Reclaman un expurgo de todas las actuaciones posteriores al vencimiento del plazo, incluyendo detenciones, registros y solicitudes de extradición. Si el juez accede, muchas diligencias coordinadas con autoridades europeas y actuaciones nacionales podrían quedar anuladas y los efectos prácticos se traducirían en la pérdida de pruebas esenciales para la acusación.
Alcance de la trama y modus operandi
La investigación identifica una red con 577 dominios fraudulentos que operaba desde call centers en Albania, Georgia, Ucrania y Chipre. Los estafadores captaban inversores con promesas de rentabilidades tras aportaciones iniciales de apenas 250 euros; un software manipulaba saldos para mostrar ganancias ficticias y persuadir a las víctimas a aumentar sus depósitos. Cuando alguien intentaba retirar fondos, los criminales recurrían a programas de control remoto para acceder a las cuentas y vaciarlas por completo.
Impacto económico y humano
En España, la causa agrupa denuncias que suman más de 10 millones de euros y alrededor de 700 víctimas. La combinación de importes dispares, fechas heterogéneas y afectados distintos es precisamente uno de los argumentos de las defensas para cuestionar la acumulación de las causas en una única macroinvestigación: dicen que la mera identificación de un modus operandi común no convierte automáticamente todos los hechos en conexos.
Cooperación internacional y riesgo de retroceso
La pesquisa española ha contado con la colaboración de Europol y Eurojust, y con la coordinación de las autoridades de Alemania, Finlandia, Suecia, Letonia, Ucrania, Albania y Georgia. Parte de esa labor internacional podría quedar desactivada si prosperan las nulidades, lo que complicaría la recuperación de los fondos y el esclarecimiento de la estructura detrás de la red. Además, una de las marcas implicadas llegó a patrocinar a un equipo de la Primera División española, lo que subraya el grado de penetración pública que alcanzó el entramado.
Argumentos de defensa y percepciones procesales
Las defensas han descrito el procedimiento como un «sudoku kafkiano» que, en su opinión, vulnera derechos fundamentales al mezclar múltiples denuncias y atestados sin una conexión clara y suficiente. Alegan también que la posterior inhibición del juzgado de La Seu d’Urgell a favor de la Audiencia Nacional no puede salvar irregularidades procesales previas y que, por tanto, la actuación del juez central estaría viciada desde su inicio.
Posibles escenarios y consecuencias
Si el juez acepta la nulidad parcial, la investigación tendrá que reconstruir su estrategia probatoria sobre bases válidas o, en el peor de los casos, ver caer gran parte de las diligencias ejercitadas. Para las más de 700 víctimas españolas, la caducidad de los plazos no sólo es una cuestión técnica: equivale a una amenaza real sobre la posibilidad de recuperar fondos y lograr responsabilidades penales. En paralelo, el caso plantea preguntas sobre cómo administrar investigaciones complejas y transnacionales en el marco de reformas procesales como la Ley 2/2026, y sobre la coordinación entre juzgados locales y órganos centrales en causas de gran alcance.
