El nuevo reglamento busca empoderar a los consumidores y eliminar el acoso telefónico en el sector eléctrico.
El Gobierno español ha dado un paso significativo al aprobar un real decreto que transforma la regulación del suministro eléctrico. Esta normativa se enfoca en mejorar la experiencia de los consumidores, prohibiendo las llamadas no solicitadas de las comercializadoras y brindando nuevas oportunidades para gestionar contratos de energía.
A continuación, se desglosan las principales medidas que se implementarán y cómo beneficiarán a los usuarios.
Prohibición de llamadas comerciales no solicitadas
Una de las características más relevantes de este nuevo reglamento es la prohibición de llamadas telefónicas con fines comerciales a consumidores que no lo hayan solicitado.
Esto responde a una creciente preocupación por las prácticas agresivas que muchas empresas han utilizado para atraer clientes, que, en muchos casos, han resultado en fraudes, especialmente dirigidos a personas vulnerables.
Condiciones para la contratación telefónica
Si bien el reglamento establece una prohibición general, se permite la contratación por teléfono únicamente si el consumidor inicia la llamada. Esto garantiza que el cliente tenga el control sobre cuándo y cómo interactúa con las comercializadoras. La idea es eliminar la presión y el estrés que muchas veces acompaña a estas interacciones.
Cambios en el proceso de contratación y cancelación
El nuevo reglamento también introduce cambios importantes en la forma en que los consumidores pueden contratar servicios eléctricos. Por ejemplo, las empresas ahora deberán proporcionar un documento separado que resuma claramente el impacto en la factura, junto con una tabla comparativa de precios antes y después del cambio. Este enfoque busca mejorar la transparencia y permitir que los clientes tomen decisiones informadas.
Facilidad para rescindir contratos
Los consumidores que deseen cancelar su contrato eléctrico también se beneficiarán de nuevas condiciones. Aquellos hogares y pequeñas empresas con una potencia contratada de menos de 15 kW podrán rescindir sus contratos sin penalizaciones después de la primera prórroga anual. Si deciden cancelar antes de esa fecha, la penalización no podrá superar el 5% de la energía pendiente de facturación. Esto representa un cambio significativo en comparación con las restricciones anteriores que limitaban las opciones de los consumidores.
Impulso a la competencia y opciones de contratación
Una de las medidas más innovadoras es la posibilidad de que los consumidores puedan contratar con múltiples comercializadoras al mismo tiempo. Esto significa que, por ejemplo, se podría contratar una tarifa diferente para el día y otra para la noche, lo que ofrecerá una mayor flexibilidad y la posibilidad de ahorrar en la factura eléctrica. Además, se podrán establecer contratos de menor duración, adaptando así las necesidades del consumidor en función de sus hábitos de consumo.
Protección de consumidores vulnerables
El reglamento también refuerza la protección de aquellos consumidores que se benefician del bono social. Si un consumidor decide renunciar a este bono para acceder al mercado libre, la nueva comercializadora debe presentar una estimación de precios y obtener su consentimiento explícito antes de proceder. Esto es un paso fundamental para evitar que los más vulnerables sean objeto de prácticas fraudulentas.
Mejoras en el servicio al cliente y reclamaciones
El nuevo decreto establece requisitos más estrictos para las comercializadoras en cuanto a la atención al cliente. Todas las empresas deberán contar con un servicio de atención al cliente que permita registrar reclamaciones y que ofrezca respuestas en un plazo máximo de 15 días. Además, se introduce la figura del Defensor del Cliente, cuyo papel será garantizar que las resoluciones sean vinculantes para la empresa, aumentando así la protección del consumidor.
Acceso a datos y gestión de la demanda
Por último, se establece un sistema centralizado para gestionar los datos de los consumidores, asegurando que estos puedan acceder a su información y decidir sobre su uso. Las empresas que manejen estos datos deberán adherirse a un código de conducta supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este enfoque busca no solo proteger la privacidad de los consumidores, sino también facilitar la participación en un mercado energético cada vez más dinámico.
