Cc.oo. ha llevado a Glovo a la Audiencia Nacional tras denunciar despidos masivos que superarían los umbrales legales y coinciden con un ere formal anunciado por la compañía
El 19 de marzo de 2026 Comisiones Obreras presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia contra Glovo en la que acusa a la plataforma de realizar un ERE encubierto mediante una sucesión de despidos disciplinarios y extinciones de contrato que, según el sindicato, superan con creces el umbral legal de 30 despidos en 90 días.
En su escrito, CCOO afirma que estos movimientos coinciden en el tiempo con el anuncio formal de un ERE que afecta a unos 750 repartidores repartidos en cerca de 60 localidades de toda España.
La denuncia registra además incidencias cuantitativas: fuentes sindicales sostienen que solo en dos provincias se han contabilizado más de 200 despidos en los últimos meses, y que la suma de salidas dentro del periodo de referencia supera ampliamente los límites que activan los trámites de un expediente regulador.
CCOO exige que los juzgados examinen si se ha evitado deliberadamente la negociación colectiva y las garantías propias de un procedimiento de despido colectivo.
Los argumentos centrales de la denuncia
En el núcleo del recurso, el sindicato sostiene que la empresa está imputando a la plantilla problemas operativos que, en realidad, son consecuencia de decisiones empresariales. Así, Glovo habría venido aplicando sanciones y extinciones por supuestos retrasos en entregas o por faltas en turnos —incluso en días de alerta meteorológica de nivel rojo—, situaciones que para CCOO no justifican la pérdida de empleo y que, en su opinión, deberían ser tratadas como errores de gestión empresarial y no como faltas disciplinarias. El sindicato plantea la nulidad o improcedencia de esos despidos y reclama la readmisión y el abono de salarios de tramitación para quienes resulten afectados.
Sanciones, ausencias y el uso del periodo de prueba
CCOO denuncia también el uso sistemático del periodo de prueba de un mes en las nuevas contrataciones como un mecanismo para encubrir contrataciones temporales. Según el sindicato, la mayoría de las incorporaciones recientes se han hecho amparándose en ese periodo para justificar despidos rápidos sin las garantías de una relación laboral estable. En paralelo, el sindicato censura la aplicación de un régimen sancionador que, en su opinión, no se ajusta al convenio colectivo aplicable y que sirve para justificar salidas que deberían tener carácter improcedente.
El ERE formal y la transformación del modelo laboral
La presentación del ERE por parte de Glovo se produce menos de un año después de que la compañía culminara la transición de repartidores autónomos a plantillas asalariadas, un cambio forzado por la presión regulatoria y judicial —en un proceso que la firma inició el año anterior y que llevó a contar con alrededor de 14.000 repartidores contratados—. Glovo ha argumentado que la reestructuración obedece a una contracción operativa en ciudades medianas y pequeñas, y que es necesario reducir la disponibilidad del servicio en más de 60 localidades para evitar cierres de operación locales, manteniendo la operativa habitual en el resto de municipios donde presta servicio.
Subcontratación y posibles cesiones ilegales
Otro eje de la denuncia es la externalización: CCOO investiga la existencia de múltiples empresas que funcionan como flotas subcontratadas y que, a juicio del sindicato, podrían suponer una cesión ilegal de trabajadores. El sindicato advierte que esa estrategia permitiría a la plataforma reducir costes laborales, fragmentar la plantilla y dificultar la organización colectiva, potenciando así esquemas de «usar y tirar» asociados a la variabilidad del volumen de pedidos.
Qué queda por delante: tribunales, negociación y repercusiones para el sector
Legalmente, la causa puede derivar en reclamaciones de improcedencia, readmisiones y sanciones por cese de derechos colectivos. CCOO ha anunciado su intención de pedir la anulación de despidos disciplinarios y la reincorporación de los afectados, mientras que la negociación del ERE formal tiene prevista la primera reunión para el 27 de marzo. Por su parte, la compañía ha declinado en varios momentos hacer declaraciones sobre la denuncia, aunque ha defendido que el ajuste responde a requisitos operativos locales y no a una estrategia de desvinculación definitiva de responsabilidades laborales.
La disputa coloca a Glovo y al sector de reparto en un foco crítico: los resultados judiciales y las resoluciones administrativas marcarán precedentes sobre cómo conviven la contratación laboral, la subcontratación y la protección de los derechos de las personas repartidoras en un mercado cada vez más regulado por la normativa laboral y la llamada Ley rider.
