Ecuador responde a la escalada de homicidios con más militarización y cooperación internacional, pero expertos advierten límites y riesgos sociales
En 2026 Ecuador registró un salto dramático en su tasa de homicidios, consolidándose como uno de los países más violentos del continente, solo por detrás de Haití según Insight Crime. Los indicadores muestran una progresión sostenida desde 2026: 14 por cada 100.000 habitantes en 2026, 25,9 en 2026, 44,5 en 2026, un retroceso a 38,8 en 2026 tras la declaración de conflicto armado interno, y un nuevo pico de 50,9 en 2026.
Este incremento ha puesto al gobierno del presidente Daniel Noboa bajo una presión política y social intensa para ofrecer respuestas inmediatas.
La reacción oficial combina medidas de control interno con un profundo giro hacia la cooperación externa. Además de estados de excepción y toques de queda, Quito ha buscado apoyo en el exterior: despliegues temporales en instalaciones aéreas, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas con fuerzas como el Comando Sur y agencias europeas.
A la vez, se han multiplicado las detenciones de presuntos miembros de organizaciones como Los Lobos y Los Choneros, medidas que buscan desarticular redes, pero que han generado nuevas tensiones y dinámicas de violencia territorial.
Cómo se construyó la crisis: factores y cifras
El aumento de la violencia está relacionado con la llegada masiva del narcotráfico desde Colombia tras la reconfiguración de grupos armados producto del proceso de paz con las FARC. Esa presión externa se combinó con la captura de cabecillas —como la detención y extradición en 2026 del líder conocido como El Fito—, lo que reordenó territorios y provocó choques internos. Además, operativos urbanos y rurales han terminado con más de 2.000 detenciones durante toques de queda, una dinámica que alimenta la saturación del sistema penitenciario y facilita la conversión de cárceles en espacios de reclutamiento.
La política carcelaria ha sido parte de la respuesta: en noviembre se inauguró un centro de máxima seguridad, denominado ‘El Encuentro’, diseñado para albergar a centenares de presos y replicar modelos regionales. Sin embargo, expertos advierten que la mera construcción de infraestructura no soluciona la raíz del problema: la reconfiguración de las redes de tráfico, la corrupción y la debilidad institucional siguen siendo factores que sostienen los niveles de homicidio y homicidios por enfrentamientos entre bandas.
Militarización y cooperación internacional
Intervenciones aéreas y operaciones conjuntas
En los últimos meses se intensificaron acciones militares en zonas fronterizas y selváticas. El gobierno difundió imágenes de bombardeos contra supuestos campamentos de grupos disidentes cerca de la frontera con Colombia; medios locales y testimonios señalaron que algunas de esas acciones habrían impactado infraestructuras civiles, como fincas, según reportes. El Comando Sur anunció operaciones conjuntas y se informó del despliegue temporal de fuerzas estadounidenses en instalaciones aéreas de Manta desde diciembre. Asimismo, el relanzamiento del foro denominado Escudo de las Américas, celebrado el 7 de marzo, oficializó una coalición regional respaldada por estados unidos para combatir carteles y rutas de drogas.
Cooperación judicial y europea
Paralelamente, la Unión Europea y agencias de varios países europeos han colaborado en inteligencia, detenciones y judicialización. A inicios de marzo las fuerzas ecuatorianas, coordinadas con Europa, arrestaron a decenas de personas vinculadas a redes que supuestamente enviaban cocaína en contenedores hacia el viejo continente, un comercio estimado en al menos nueve toneladas en investigaciones. Además, la UE puso en marcha un centro de inteligencia conjunta y anunció inversiones en puertos, priorizando la desarticulación de eslabones logísticos y financieros por encima de la acción puramente militar.
Impactos sociales y debate sobre eficacia
La adopción de medidas de mano dura cuenta con amplio respaldo ciudadano: ante el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones la opinión pública presiona por respuestas rápidas. No obstante, analistas como Fernando Carrión y Sebastián Cutrona señalan que el modelo de seguridad que funcionó en contextos como El Salvador no es trasladable mecánicamente a Ecuador, donde las organizaciones delictivas tienen mayor capacidad de fuego y recursos. Además, la combinación de arrestos masivos y penas duras puede alimentar un ciclo de violencia si no va acompañada de procesos de inteligencia, capacitación judicial y programas sociales de prevención.
En este punto, varios especialistas recomiendan priorizar el intercambio de información, la investigación transnacional y la judicialización de redes antes que depender exclusivamente de ataques aéreos o golpes puntuales. El reciente establecimiento de una oficina del FBI y la cooperación europea son señales en esa dirección; su consolidación podría ofrecer herramientas más sostenibles para reducir la capacidad operativa del crimen organizado y mitigar los efectos colaterales sobre la población civil.
¿Qué sigue para Ecuador?
El país enfrenta una encrucijada: mantener la presión militar y policial para frenar la violencia inmediata o reorientar esfuerzos hacia estrategias de largo plazo que incluyan fortalecimiento institucional, reformas penitenciarias y cooperación judicial internacional. La experiencia reciente demuestra que la combinación de apoyo extranjero y acciones locales puede producir resultados, pero también riesgos si no se equilibran con políticas públicas. En última instancia, la eficacia dependerá de la calidad de la inteligencia, la transparencia en las operaciones y la capacidad del Estado para ofrecer alternativas que reduzcan la atracción del crimen organizado.
