El jurado internacional de la Bienal de Venecia presentó su dimisión poco antes de la inauguración, en medio de tensiones sobre la participación de Rusia y cambios en el sistema de premios
La Bienal de Venecia vive una sacudida institucional: el jurado encargado de decidir los galardones de la 61ª edición presentó su renuncia en bloque, apenas nueve días antes de la apertura prevista para May 9. El comunicado de la organización confirmó la dimisión de la presidenta Solange Farkas y de los miembros Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi, sin ofrecer una explicación detallada.
Este gesto, inusual en la historia del certamen, llega tras semanas de debate público sobre la participación de Rusia y la postura del panel respecto a premios a representaciones nacionales implicadas en investigaciones sobre crímenes contra la humanidad.
Antes de la renuncia, el colectivo del jurado anunció que no concedería premios a países cuyos líderes estuvieran señalados por el Tribunal Penal Internacional, una decisión que afectaba indirectamente a Rusia y a Israel.
Frente a la ausencia de jurado, la dirección de la Bienal comunicó que los galardones se otorgarán por votación de los visitantes y que la ceremonia se celebrará en la clausura, el día Nov. 22. Además, el premio al mejor participante en la exposición principal —la muestra concebida según el plan de la fallecida curadora In Minor Keys— y el reconocimiento a la mejor participación nacional pasan a depender del veredicto del público.
Dimisión, antecedentes y alcance institucional
El panel había sido elegido por la curadora principal que diseñó la edición, la fallecida Koyo Kouoh, y su renuncia colectiva marca una ruptura con la práctica habitual de la Bienal. Este organismo era responsable del otorgamiento del León de Oro y otros reconocimientos que tradicionalmente influyen en la carrera de artistas y en la visibilidad de los pabellones nacionales. La decisión de convertir a los visitantes en jurado altera el calendario clásico del certamen y abre interrogantes sobre la representación profesional frente a la participación popular. La organización defendió la medida como un gesto de inclusión, mientras que críticos advierten sobre la posibilidad de que factores extrínsecos a la práctica artística influyan en los resultados.
La disputa por la participación de Rusia
El conflicto central gira en torno a la reapertura del pabellón ruso en los jardines históricos de la Bienal. Aunque el recinto original, construido en 1914, pertenece a Rusia y por tanto solo requiere notificación para su reapertura, su vuelta ha sido tratada como un caso simbólico. La nación no estuvo presente en 2026 y 2026; en 2026 el espacio fue cedido a Bolivia, y la última participación rusa en la exposición internacional data de 2019. La dirección del evento, encabezada por Pietrangelo Buttafuoco, sostuvo que la participación responde a la autonomía institucional, una postura que chocó con la del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien anunció que no asistirá a las vistas previas ni a la inauguración.
Filtraciones y coordinación
En paralelo a la polémica, salieron a la luz correos electrónicos que muestran intercambio entre funcionarios de la Bienal y la comisionada rusa nombrada en 2026, lo que reavivó dudas sobre el proceso de reapertura del pabellón. Los mensajes relatan gestiones para facilitar visados, la presentación de un proyecto titulado «The tree is rooted in the sky» y coordinaciones para evitar conflictos con sanciones europeas, según informaron medios que publicaron las filtraciones. La dirección del certamen defendió que no se ha incumplido la normativa de la Unión Europea y calificó las publicaciones como una intromisión en la vida institucional.
Presión política y financiera
Inspecciones y recortes
La controversia trascendió el ámbito cultural: la Unión Europea comunicó que revisará su apoyo económico y se retiró una contribución de 2 millones de euros destinada a la Bienal, forzando a la organización a responder en un plazo establecido. Además, la Ministerio de Cultura envió inspectores a Venecia para recabar documentación que permita contestar a la petición comunitaria; el ministerio negó tener responsabilidad en la dimisión del jurado. En lo político, el primer ministro Giorgia Meloni reiteró el desacuerdo del gobierno con la decisión sobre Rusia pero reconoció la autonomía de la institución, mientras que figuras como Matteo Salvini han celebrado que el público sea quien otorgue los premios.
Impacto para la Bienal y el debate sobre libertad artística
La crisis plantea preguntas sobre el papel de grandes muestras internacionales como espacios de encuentro cultural o, en contraste, escenarios sometidos a presiones diplomáticas. La Bienal ha sostenido históricamente que no ejerce censura y que cualquier país reconocido por la República Italiana puede participar; sin embargo, la combinación de filtraciones, recortes financieros y renuncias públicas evidencia la fragilidad de esa premisa. Para muchos, confiar en el veredicto de los visitantes es una apuesta por la democracia cultural; para otros, significa perder criterios profesionales en la evaluación artística. En todo caso, la 61ª edición quedará marcada por estas decisiones y por el debate sobre hasta dónde llega la autonomía cultural ante las tensiones geopolíticas.
