Dos patronales de la escuela concertada, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) han enviado más de 120.000 alegaciones al departament d’Educació para rechazar el nuevo decreto de admisión que el Gobierno de Catalunya prevé aprobar en las próximas semanas.
Pero, ¿Qué se propone el nuevo decreto y cuál es el problema?
El decreto se basa en el pacto contra la Segregació Escolar. El punto clave de la nueva normativa es la distribución equitativa de los alumnos con necesidades específicas o especiales.
El objetivo es programar todas la oferta de plazas escolares, incluidas las concertadas. La norma reservará una parte de las plazas a alumnado en riesgo de exclusión.
¿Cuál es el problema? En una escuela concertada la administración es privada, pero su aportación económica es mayoritariamente pública, junto con aportaciones por parte de los padres cuyos hijos estudien en el centro. El problema es que el decreto no supone un aumento de la financiación pública. La falta de presupuesto económico para cobrir las nuevas medidas provocará un sobrecoste. En pocas palabras, la subvención será insuficiente para financiar las plazas reservadas a alumnos procedentes de contextos culturales y económicos desfavorecidos. De esta manera se incumple el mismo pacto contra la segregación.
Además según las patronales citadas, se trata de un ataque al derecho de elección del centro dado que la modalidad de preinscripción escolar cambiará. El número de plazas en las escuelas concertadas se establecerá antes de saber cuántas familias quieren matricular a sus hijos. De consecuencia, se reduce la libertad de elección de los padres a escoger la escuela.
De otra opinión los representantes de la escuela pública que sostienen que la nueva normativa es una manera para hacer corresponsables a todo el sistema educativo de la complejidad social.
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