El gobierno presentará nuevas medidas para aprobar la comisión social
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Hoy arrancó la mesa del Consejo Europeo en Bruselas, donde Pedro Sánchez participa junto a los líderes del club comunitario. Dentro de los temas a tocar en esta mesa, se encuentran las negociaciones del Brexit y los presupuestos comunitarios. Sin embargo, Bruselas ha hecho un toque de atención por la renovación y reforma del Consejo General de Poder Judicial en España, que lleva en funciones desde 2018.
Después de casi dos años en funciones, la renovación del Consejo General del Poder Judicial que se ha visto bloqueada por el Partido Popular en España, no se tenía presupuestado un debate al respecto, o en ello confiaba la delegación gubernamental que acompaña a Sánchez.
Sin embargo, Bruselas sigue insistiendo en la necesidad de la renovación y no le ha gustado la forma en como lo ha acatado el Gobierno español.
Hablando en un lenguaje diplomático, el toque de atención se hace a una reforma que no gusta, recordando que después del informe de estado de derecho presentado el 30 de septiembre, la Comisión Europea (CE) recalcó la importancia de reducir el poder legislativo y/o ejecutivo sobre el judicial en pro de reforzar la independencia de los jueces.
La respuesta de los portavoces de la CE ha sido que tienen presente el anuncio, que «lo siguen de cerca» y que sobre todo “es importante asegurar que el Consejo no se perciba como vulnerable a la politización”, dice el portavoz Christian Wigand. También, recalcan que las reformas judiciales, en términos generales, se deben hacer después de sostener consultas con los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia. Por lo tanto, estos estados miembros deben seguir los estándares europeos para garantizar la independencia judicial.
Este toque de atención llega con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quién se ha visto confrontado múltiples veces por la reforma que tiene en desarrollo. El presidente del PP, Pablo Casado, ha tomado la decisión de llevar su preocupación a Bruselas, justo antes del Consejo de Europa, donde pone en cuestión las intenciones del Gobierno de Sánchez de modificar las mayorías necesarias para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eliminando la mayoría cualificada de 3/5.
Argumenta que esta iniciativa en cuestión va en contra de todo lo que han reclamado y que esta reforma debilita el estado de derecho, pues va en contra de la separación de poderes y la independencia judicial. Además, apuntan que esta reforma en este momento es una «gran irresponsabilidad» pues España se encuentra en medio de las negociaciones de fondos europeos, en pro de la reconstrucción después de la pandemia del Covid-19.
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