Los impuestos y las negociaciones de los alquileres atascan el pacto de los Presupuestos entre Unidas Podemos y el PSOE.
La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para elaborar un borrador de Presupuestos Generales del Estado está parada.
Se aplaza la negociación de alquileres e impuestos. A finales de octubre octubre las formaciones que componen el Gobierno de coalición aún no han puesto fecha para presentar un acuerdo que, posteriormente, tendrán que negociar con otros partidos para tratar de conseguir sacar las cuentas adelante.
Dos de los principales motivos de disenso entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez son la regulación de los precios de los alquileres y la subida impositiva a las rentas altas.
Las diferencias en lo relativo a los arrendamientos son las que más se han dejado ver en los últimos días. El pasado viernes, 16 de octubre, Iglesias se reunió con varios colectivos que piden limitar el precio de los alquileres en las ciudades y zonas donde ha subido más en los últimos años. Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno les prometió pelear en el Consejo de Ministros para que esta regulación se aprobara junto a los Presupuestos.
No obstante, no todo el Ejecutivo cree que sea el momento de poner en marcha una limitación de precios para los arrendamientos. El contenido de la medida no se pone en duda, y de hecho el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establece que durante la legislatura se aprobará la regulación de los precios de los alquileres. Pero varios ministros socialistas de peso ,como la titular de Economía, Nadia Calviño, apuestan por dejar la medida para más adelante, cuando la situación económica está más calmada.
Otro asunto que está retrasando la rúbrica de los Presupuestos es la reforma fiscal. PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición subir durante la legislatura el IRPF a las rentas por encima de los 130.000 euros anuales. De igual forma, dejaron abierta la posibilidad de «estudiar» cambios en la fiscalidad de las grandes fortunas.
UP también lucha en la negociación por elevar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un indicador que sirve como referencia para la concesión de diferentes ayudas sociales. Cuanto más elevado esté el rango, más personas podrán acceder a esta ayuda.
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