Este 5 de noviembre, se ha aprobado en el Congreso que el castellano deje de ser lengua oficial del Estado y vehicular en la educación. PSOE, Podemos y ERC han sacado adelante esta enmienda con 26 votos a favor.
El castellano dejara de ser lengua oficial del Estado y vehicular en la enseñanza. Así se ha aprobado esta enmienda, enmarcada dentro de la ronda de ponencias sobre la Ley Celaá.
Esta enmienda transaccional salió adelante gracias a los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y ERC con 26 votos a favor.
16 votos en contra por parte del PP, Ciudadanos, UPN y Vox, y la abstención del PNV.
Los partidos contrarios a esta enmienda ya han anunciado que recurrirán esta ley ante el Tribunal Constitucional al considerarlo «un atropello» a los derechos fundamentales del alumno.
La enmienda aprobada deja en manos de las comunidades autónomas la capacidad de controlar si se enseña en castellano en las escuelas con lengua cooficial y no habilita que desde el Estado se pueda utilizar el español como lengua vehicular de la enseñanza.
El Partido Popular, a través de la portavoz Cuca Gamarra, ha querido expresar que «el Gobierno está entregando la educación a cambio de votos para afianzar sus presupuestos«. Desde Ciudadanos, Marta Martín ha defendido que «con los derechos fundamentales, no se mercadea». Joaquín Robles, portavoz de Educación de Vox ha expresado que «este proyecto tiene como meta la ruptura de la unidad nacional».
Este 5 de noviembre, tuvo lugar en el Congreso la ponencia para debatir la Ley Celaá. Además de la controvertida enmienda aprobada sobre el español en la educación, se aprobaron otras enmiendas.
La enmienda aprobada más importante traía consigo recortes a la escuela concertada. Se aprobó que a aquellos centros que separan los alumnos por sexos se les deniegue poder recibir subvenciones públicas, a pesar que es un tipo de escuela avalada por el Tribunal Constitucional.
Esta enmienda ha provocado que la plataforma Más Plurales se manifieste a las puertas del Congreso para defender «el derecho de todos los españoles a elegir libremente el proyecto educativo para sus hijos».
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