Un informe de la UCO revela un entramado de sobornos en la adjudicación de contratos públicos en España, salpicando a exfuncionarios del PSOE.
Temas cubiertos
España se encuentra en el ojo del huracán tras la presentación de un informe por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento, que atañe al conocido ‘caso Koldo’, detalla cómo varias empresas habrían recibido contratos amañados de obra pública del Ministerio de Transportes, a cambio de beneficios para el exministro José Luis Ábalos y sus allegados.
Una situación que ha encendido alarmas y generado un intenso debate en el ámbito político.
Las empresas implicadas y sus millonarios contratos
En el centro de la investigación se encuentran tres empresas: Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).
Juntas, estas compañías se habrían adjudicado contratos que superan los 620 millones de euros, otorgados por entidades como ADIF y la Dirección General de Carreteras. Todo comenzó a desvelarse cuando se analizaron las adjudicaciones, donde Acciona destaca como la mayor beneficiaria con cinco contratos que suman 537.270.003 euros.
Uno de los contratos más cuestionados es el de las obras de soterramiento en Santiago El Mayor, en Murcia, adjudicado en 2020 a una UTE formada por Ferrovial y Acciona. Este proyecto fue concedido tras obtener la mejor valoración técnica, pero ahora se examina bajo un nuevo prisma. La adjudicación del Puente del Centenario de Sevilla también está bajo la lupa, con un coste de 102,8 millones. Presiones atribuidas a Santos Cerdán hacia Koldo García para cerrar la licitación han salido a la luz, dejando entrever la complejidad de las relaciones entre las empresas y los exfuncionarios.
Alteraciones en las condiciones de los contratos
Los investigadores han señalado que las condiciones de ciertos contratos fueron modificadas para favorecer a Acciona, creando un entorno propicio para la corrupción. Comunicaciones entre Koldo y diversas personas relacionadas con las empresas se registraron en momentos cercanos a la firma de los contratos, sugiriendo una red de complicidades. La relación entre Koldo y Acciona se remonta a su etapa en Navarra, lo que añade una capa de sospecha a la situación.
Las otras empresas y sus contratos
La empresa OPR también está en el centro de las indagaciones, habiendo conseguido al menos tres contratos públicos, aunque solo uno tiene un importe conocido: 7.383.932 euros por la adaptación de la autovía A-63. Los detalles de otros contratos en Úbeda y Monforte-Lugo no han sido especificados por la Guardia Civil, pero se han mencionado ofertas técnicas que, según el director general de Carreteras, eran «muy flojas». Sin embargo, OPR logró ser adjudicataria, lo que ha levantado numerosas interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Levantina y su participación en el escándalo
Levantina, por su parte, ha sido señalada con contratos por un total de 78.809.695 euros. Entre sus proyectos cuestionados se encuentran obras de estabilización de taludes en Asturias y un contrato para la conservación de carreteras en Teruel. A pesar de ser la decimocuarta oferta más cara, Levantina recibió la puntuación más alta gracias a sus valoraciones técnicas, lo que ha suscitado dudas sobre el proceso de evaluación.
Las mordidas y el papel de los intermediarios
El informe de la UCO no solo se limita a cifras; incluye conversaciones que revelan cómo Koldo, Ábalos y Cerdán se interesaban por las contraprestaciones económicas tras las adjudicaciones. Se menciona que a Ábalos le corresponderían 1.070.000 euros en mordidas, de los cuales se habrían cobrado 620.000. Las cantidades están relacionadas con los contratos adjudicados a Acciona entre 2018 y 2022, lo que pone en entredicho la integridad de los procesos de licitación en el sector público.
Investigaciones internas en Acciona
Ante la gravedad de las acusaciones, Acciona ha anunciado una investigación interna para esclarecer los hechos. La empresa ha expresado su «total desconocimiento, sorpresa y preocupación» por las revelaciones del informe de la UCO. Las repercusiones de este caso no solo afectan a las empresas implicadas, sino que también ponen en entredicho la confianza en las instituciones públicas y el manejo de los recursos del Estado.
Grabaciones que desnudan la trama
La situación del Gobierno se ha vuelto insostenible tras la revelación de audios grabados por Koldo García a lo largo de los años. Estas grabaciones, que han sido incorporadas al caso, son un testimonio impactante de la red de corrupción en la que se han visto envueltos altos funcionarios y empresarios. Este escándalo promete seguir dando de qué hablar en los próximos días, mientras los ciudadanos esperan respuestas claras sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.
