Otra mujer ha llamado al abogado de la primera denunciante contra el exDAO José Ángel González; el caso, instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, mantiene medidas de protección para la víctima
El proceso judicial iniciado por la denuncia de una agente contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, suma un nuevo capítulo: otra mujer se ha puesto en contacto con el abogado Jorge Piedrafita, quien representa a la primera denunci antes.
El letrado ha confirmado que ha recibido un mensaje en su buzón de voz y está analizando la posibilidad de convertir ese testimonio en prueba.
La primera denuncia, que ya fue admitida a trámite, señala hechos ocurridos el 23 de abril de en una vivienda oficial del Ministerio del Interior.
El caso está siendo instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha citado al investigado y a la víctima a declarar el 17 de marzo.
Qué se ha presentado ante el juez
En la querella inicial, la agente describe una agresión sexual y añade alusiones a coacciones, lesiones psíquicas y hasta presunta malversación. Entre las pruebas aportadas se incluyen audios, pantallazos de mensajes y un listado de llamadas, que el abogado ha entregado al juzgado a petición del instructor. Para proteger la intimidad de la denunciante, Piedrafita ha solicitado formalmente la plena reserva de esos documentos y que su acceso quede restringido en sede judicial.
Protección y seguridad de la víctima
Tras la filtración de datos personales vinculados a la denunciante, su seguridad se reforzó: el Ministerio del Interior asignó escolta para garantizar su protección. El escrito presentado por el abogado subraya la gravedad de las filtraciones y reclama que las pruebas sólo puedan consultarse en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar nuevos quebrantos a la intimidad de la agente.
Reacciones en el cuerpo policial y en el Ministerio
La denuncia provocó movimientos internos en la Policía Nacional y llegó al despacho del ministro Fernando Grande-Marlaska. La admisión de la querella precipitó la dimisión del implicado en su cargo de DAO y el relevo de altos mandos cercanos, como el comisario Óscar San Juan, que fue apartado de sus funciones. Internamente se abrió una información reservada para aclarar posibles omisiones o negligencias en el tratamiento del caso.
Mientras tanto, la Subdirección General de Recursos Humanos asumió funciones de forma temporal: la subdirectora Gemma Barroso ocupó la suplencia prevista por la normativa interna para cubrir la vacante en la Dirección Adjunta Operativa.
Implicaciones institucionales
La noticia de una segunda mujer que contacta con el abogado añade presión sobre las instancias administrativas y judiciales. Para el cuerpo policial, este episodio llega en un momento en que buscaba reforzar su imagen tras escándalos previos y declaraciones públicas relacionadas con la denominada «policía patriótica». En el plano político, el caso ha suscitado cuestionamientos sobre la gestión y la transparencia en la resolución de denuncias internas.
Futuro procesal y posibles pasos
El calendario procesal ya incorpora fechas clave: ambos, la persona que figura como investigada y la denunciante, están citados para declarar ante el juzgado el 17 de marzo. El nuevo contacto con el abogado podría traducirse en una segunda denuncia si Piedrafita considera que el material aporta indicios suficientes para su admisión. El letrado ha señalado que está «estudiando la viabilidad de la prueba» y valorará si procede la formulación de otra querella.
En caso de presentarse una segunda denuncia, la instrucción podría intensificarse: el juez podría requerir nuevas diligencias, preservar más pruebas y ampliar las medidas de protección para las afectadas. La petición de reserva de las pruebas ya presentada intenta frenar la circulación de documentación sensible y evitar que filtraciones comprometan la investigación.
Contexto y consecuencias
Más allá del proceso penal, el asunto plantea debates sobre la vocación de transparencia en las instituciones y sobre cómo se protegen las víctimas dentro de cuerpos que manejan autoridad y jerarquía. La combinación de poder institucional y acusaciones por agresión sexual obliga a las instituciones a demostrar que actúan con rigor, procurando el respeto a la presunción de inocencia y, a la vez, el resguardo de quienes denuncian.
La evolución del caso dependerá de la estrategia de las víctimas, de las decisiones del juzgado y del curso de las indagaciones internas en la Policía. Por ahora, la confirmación de un posible segundo testimonio sitúa el procedimiento en una fase de mayor complejidad y mayor escrutinio público.
